La Guardia Civil detecta empresas ilegales dedicadas a motos de enduro en zonas protegidas de Fuerteventura

Pillados en zona protegida

 El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de  la Comandancia de Las Palmas ha identificado a los conductores y responsables  de varias empresas dedicadas a la organización y promoción de rutas de enduro  en motocicleta por zonas no autorizadas de la isla de Fuerteventura.

Estas  actividades se desarrollaban en áreas que actualmente se encuentran sometidas  a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por la  Administración insular competente, debido a su elevado valor ecológico y con el  fin de garantizar la protección de las aves durante su periodo de reproducción.  

La actuación se inició después de que la Patrulla del SEPRONA tuviera  conocimiento de la existencia de varias empresas dedicadas al denominado  «turismo de motor», las cuales presuntamente realizaban rutas ilegales por zonas  no autorizadas y por espacios naturales protegidos. Entre los lugares afectados  se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las  Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), espacios que cuentan  con un elevado nivel de protección ambiental.  

A partir de esta información, los agentes iniciaron las correspondientes  investigaciones para verificar los hechos y determinar la posible responsabilidad  de las empresas implicadas. Una vez obtenidos los primeros indicios y  recopilados los datos necesarios, el SEPRONA intensificó las labores de

vigilancia y control en aquellas zonas donde existían evidencias de la realización  de estas actividades, estableciendo diversos dispositivos de seguimiento para  comprobar su desarrollo.  

Como resultado de las investigaciones y de los servicios de vigilancia realizados,  los agentes lograron identificar a los responsables de las actividades  investigadas. Asimismo, se constató que las empresas ofertaban paquetes  turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios  naturales protegidos, careciendo además de la documentación y de las  autorizaciones preceptivas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo  activo en Canarias.  

Por estos hechos, se procedió a la formulación de las correspondientes denuncias  administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del  Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que podrían conllevar  sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros. Del mismo  modo, también se formularon denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995,  de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, cuyas sanciones podrían  alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.