Ir al hospital nunca es una elección voluntaria. Nadie madruga, cruza la ciudad o cancela su jornada laboral para pasar horas en una sala de espera por placer. No es un viaje de ocio, ni una tarde de compras, ni una escapada a la playa. La visita a un centro sanitario es una necesidad humana absoluta, una urgencia vital que, lamentablemente, en la isla de Gran Canaria viene acompañada de un castigo económico injustificado: el pago del aparcamiento.
El caso del Hospital Universitario Insular Materno Infantil es uno de los ejemplos más sangrantes de esta realidad. Quien acude a este recinto lo hace, por lo general, en situaciones de alta vulnerabilidad: padres con niños enfermos, familiares de pacientes ingresados en estado grave o personas que acuden a urgencias con el corazón en el puño. En esos momentos de angustia, la prioridad absoluta es atender al familiar, acompañarlo y salir corriendo hacia la entrada del centro. Nadie se detiene a calcular tarifas ni a mirar el reloj.
La verdadera sorpresa —y la indignación— llega horas o días después, cuando el acompañante regresa al vehículo y se encuentra con la factura. Dejar el coche en el parking se convierte en un dineral, una penalización económica que recae directamente sobre quien ya está sufriendo una crisis personal o familiar.
Una contradicción con la sanidad pública
