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| Don Julio escritor y entendido en política |
Por: Julio César Glez. Padrón
Artículo de opinión
La afirmación de que la ley es igual para todos constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es, además, un principio que se repite con frecuencia en discursos institucionales, declaraciones políticas y textos constitucionales. Sin embargo, la cuestión no es tanto si este principio existe en el plano teórico, sino si se cumple de manera efectiva en la práctica cotidiana de las instituciones.
A primera vista, la respuesta parece evidente; sí, la ley debe aplicarse de forma igualitaria, sin distinción de posición social, poder político o influencia económica. Pero esta aparente obviedad comienza a resquebrajarse cuando determinados responsables públicos actúan como si este principio fuera negociable cuando afecta a sus propios intereses.
Dicho lo anterior, resulta especialmente grave cuando miembros del Gobierno, en este caso del actual social comunista y muy especialmente el del propio presidente Pedro Sánchez o su ministro de justicia Félix Bolaño, que además son quienes tienen responsabilidades directas en el ámbito de la Justicia, no solo discrepan de resoluciones judiciales, sino que se lanzan a desacreditar públicamente a los jueces que las dictan.
No estamos ante una simple crítica política, estamos ante una conducta que roza la irresponsabilidad institucional. Quien ocupa un cargo público tiene el deber y la obligación de “preservar la confianza en el sistema judicial”, no de erosionarla cuando le resulta incómoda para su gobierno o partido político al que pertenecen (PSOE)
Cuando un juez actúa en el ejercicio de sus funciones e imputa a una persona —sea quien sea, incluso si pertenece al entorno familiar del poder—, lo hace amparado por la ley y bajo garantías procesales. Pretender deslegitimar esa actuación mediante ataques personales, insinuaciones o campañas de descrédito, como es el caso del Juez Peinado, que para que me entiendan bien, permítanme la ironía: “tuvo la osadía de atreverse a imputar, a nada menos que a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno”, porque eso supone en la práctica, enviar un mensaje inquietante, traducidas a que haya decisiones judiciales que no deben tomarse si afectan a determinados círculos políticos o familiares.
Esta actitud no solo es criticable, sino profundamente dañina. Porque implica una doble vara de medir; por una parte, se exige respeto absoluto a la justicia cuando esta actúa contra adversarios políticos, pero por otra, se cuestiona o desacredita cuando afecta a los propios. Esa incoherencia mina los cimientos mismos del Estado de Derecho.
Más preocupante aún es el efecto que esto tiene sobre la ciudadanía. Cuando los propios dirigentes transmiten la idea de que las resoluciones judiciales son opinables en función de intereses políticos, se abre la puerta a una peligrosa deslegitimación del sistema.
Si quienes deberían ser los primeros en respetar las decisiones judiciales las relativizan o las atacan, ¿Qué mensaje se está enviando al conjunto de la sociedad?
Aceptar las resoluciones judiciales no es una opción, es una obligación inherente al cargo público y al compromiso democrático. Y cuando no se comparten, existen cauces legales para recurrirlas, no para desacreditarlas en el espacio público. Saltarse ese deber no es un acto menor; es una forma de presión que, aunque no siempre sea explícita, erosiona la independencia judicial.
En última instancia, la verdadera igualdad ante la ley no se mide en discursos, sino en comportamientos. Y cuando quienes ostentan el poder, como es el caso que nos ocupa, reaccionan con hostilidad frente a decisiones judiciales que les afectan, dejan en evidencia que, para algunos, la ley sigue sin ser igual para todos.
No señores del gobierno social comunista de Pedro Sánchez, aquello tan famoso de …”no sabe usted con quien se está metiendo”, afortunadamente hace muchos años que dejó de tener efecto en nuestra España y aunque como afirmó públicamente y a través de TV el propio presidente Sánchez, cuando dijo que la fiscalía dependía del gobierno, todavía quedan muchos jueces como el Sr. Peinado, de recto proceder , que son incorruptibles a la hora de aplicar la Ley , que debe ser igual para todos, aunque usted Sr. Sánchez, y gracias a una “anomalía” institucional , pueda darle instrucciones precisas al Fiscal General , que por otra parte es el jefe jerárquico del resto de los fiscales de España, pues como decimos en mi pueblo … “amañado está el palo para la cuchara” y de ese me guardas una cría, que la quiero engordar para navidades. Así que, ya sabe Sr, Bolaño ministro de justicia, mejor que la próxima vez, se me peine bien y no se me vuelva a mear por fuera de la bacinilla, que… ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo: Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
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