Por: Julio César González Padrón
Artículo de opinión
La reciente nulidad del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria no puede interpretarse únicamente como una decisión jurídica más dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones. Estamos ante un pronunciamiento que, por sus consecuencias, merece una crítica firme y sin ambigüedades. Lejos de fortalecer la seguridad jurídica, esta resolución introduce incertidumbre, debilita en la planificación territorial y supone, en la práctica, un serio perjuicio para el interés general de la isla de Gran Canaria.
En línea con la postura expresada por Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, considero que esta decisión es profundamente “injusta, técnicamente cuestionable y claramente desproporcionada”. No se trata de una discrepancia menor, sino de una objeción de fondo a una resolución que ignora el contexto, el esfuerzo institucional acumulado y las necesidades reales del territorio, por lo que estoy seguro que quienes lo rechazaron, o no son grancanarios o no se han “pateado la Isla”
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