Prioridad nacional y los zapatos del vecino

 

Luis Seco, escritor

Luis Seco de Lucena

23/04/2026

Artículo de opinión

Hay imágenes que, por su sencillez, desnudan realidades complejas con una precisión incómoda. Comprar zapatos a los hijos del vecino mientras los propios caminan descalzos es una de ellas. No es solo una metáfora eficaz: es una denuncia directa de una percepción creciente en una parte de la sociedad española, especialmente entre los jóvenes, que observan cómo el acceso a la vivienda se convierte en una carrera cada vez más desigual.

España arrastra desde hace años un problema estructural en materia de vivienda. Precios desorbitados, salarios que no acompañan y una oferta insuficiente han construido un escenario en el que trabajar y cotizar ya no garantizan un derecho básico: emanciparse. En este contexto, miles de jóvenes se ven obligados a prolongar su estancia en el hogar familiar, no por elección, sino por imposibilidad material.

A esta realidad se suma un elemento que genera fricción social: la percepción de que determinadas políticas públicas priorizan a colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas migrantes en situación irregular, otorgándoles acceso preferente a recursos limitados como la vivienda social. El problema no reside en la ayuda en sí —que es necesaria y moralmente exigible—, sino en el equilibrio de esa ayuda y en la sensación de agravio comparativo que puede provocar.

Porque cuando un joven que ha seguido el itinerario esperado —formación, empleo, cotización— comprueba que no alcanza a cubrir necesidades básicas mientras otros acceden a recursos por criterios distintos, lo que se erosiona no es solo su economía, sino su confianza en el sistema. Y cuando esa confianza se resquebraja, el debate deja de ser técnico y se convierte en emocional, terreno fértil para el resentimiento.

Conviene, sin embargo, no caer en simplificaciones peligrosas. No se trata de enfrentar a jóvenes nacionales con migrantes. Ambos comparten, en muchos casos, una misma condición: la vulnerabilidad. El error no está en asistir a quienes llegan en condiciones precarias, sino en hacerlo sin resolver previamente las carencias de quienes ya estaban en situación de fragilidad.

Una política pública eficaz no puede construirse sobre la lógica de suma cero, donde el avance de unos implica el retroceso de otros. El reto es más exigente: ampliar el marco, aumentar los recursos, mejorar la planificación y garantizar que los criterios de acceso sean percibidos como justos y transparentes. De lo contrario, la solidaridad se convierte en sospecha, y la justicia social en motivo de división.

España tiene la obligación —legal, ética y humanitaria— de atender a quienes llegan buscando una vida mejor. Pero esa obligación no puede desligarse de otra igualmente irrenunciable: proteger a sus propios ciudadanos, especialmente a quienes, aun cumpliendo con las reglas, quedan atrapados en un sistema que no les ofrece salida.

No se trata de elegir entre unos y otros. Se trata de no olvidar que una sociedad justa no deja descalzos a los suyos mientras intenta calzar a los demás. La verdadera prioridad nacional no es excluir, sino incluir sin discriminar; ayudar sin desatender; y, sobre todo, evitar que la solidaridad se perciba como injusticia.