La regularización y la vergüenza saharaui

El pueblo Saharaui y España

Luis Seco de Lucena

20/04/2026

Artículo de opinión

España vuelve a mirarse en el espejo de sus decisiones migratorias y, una vez más, la imagen que devuelve no es precisamente la de un país coherente con su historia. Mientras el Gobierno impulsa procesos de regularización para miles de personas migrantes en situación irregular —una medida que, en términos generales, puede interpretarse como un gesto de humanidad y realismo político—, emerge una contradicción difícil de justificar: el trato dispensado al pueblo saharaui.

El Sáhara Occidental no es un conflicto ajeno ni remoto. Es, en esencia, una herida abierta en la memoria política de España. Lo fue desde el momento en que, tras los acuerdos que siguieron a la salida española del territorio en 1975, se dejó a su población a merced de intereses geopolíticos ajenos, particularmente los de Hassan II. Y lo sigue siendo hoy, cuando esa herencia incómoda continúa condicionando decisiones presentes.

Resulta difícil no percibir una profunda incoherencia cuando se plantea la regularización de personas que han llegado recientemente a nuestro país —muchas de ellas huyendo de contextos dramáticos, sin duda— mientras se mantiene en un limbo jurídico y administrativo a saharauis que, en muchos casos, fueron ciudadanos españoles o descendientes directos de quienes lo fueron. No se trata de establecer una competencia de agravios, sino de señalar una evidente desigualdad de trato.

Negar o dificultar la regularización de estas personas no responde únicamente a criterios técnicos o administrativos. La sombra de la diplomacia planea sobre esta cuestión. España parece actuar con una cautela excesiva, casi reverencial, hacia el actual monarca marroquí, Mohammed VI, evitando decisiones que pudieran interpretarse como una afrenta a Rabat. En ese cálculo político, los derechos y la historia del pueblo saharaui quedan relegados a un incómodo segundo plano.

La pregunta, por tanto, no es si España debe regularizar a personas migrantes en situación irregular —cuestión que admite múltiples matices y enfoques—, sino por qué esa voluntad política se diluye cuando se trata de quienes tienen un vínculo histórico, jurídico y moral mucho más directo con nuestro país. ¿Qué lógica sostiene que un Estado que fue potencia administradora del Sáhara Occidental durante casi un siglo no asuma hoy una responsabilidad diferenciada hacia su población?

España tiene una deuda pendiente con el pueblo saharaui. No es una consigna ni un recurso retórico: es un hecho histórico y político. Y, sin embargo, cada decisión que evita afrontarla no hace sino agrandar la distancia entre lo que fuimos y lo que decimos ser.

La regularización, en este contexto, deja de ser solo una medida administrativa para convertirse en una prueba de coherencia. Porque no se trata únicamente de integrar a quienes llegan, sino también de no abandonar, una vez más, a quienes nunca debieron quedar fuera.

El problema no es abrir la puerta a unos, sino mantenerla cerrada para otros con más razones —si cabe— para cruzarla. Y en ese gesto, pequeño en apariencia pero enorme en significado, España vuelve a encontrarse con su propia historia… y, de momento, sigue sin estar a la altura.