El pasado 9 de octubre el Gobierno publicaba el Real Decreto 900/2015. El objetivo: regular el autoconsumo en España con el objetivo de "fomentar la democratización de la energía". Suena bien, ¿no? Lástima que detrás se esconda una norma llena de trabas burocráticas y barreras económicas para dificultar el autoabastecimiento con energías renovables. Es decir, una ley para terminar con el autoconsumo en nuestro país.
Un triste récord para el país del Sol cuyo Gobierno se propone frenar lo imparable con la normativa más restrictiva del mundo sobre autoconsumo. El Gobierno antepone así los intereses de las eléctricas como Iberdrola, que han conseguido incrementar sus beneficios en los últimos años pese a la crisis y la caída del consumo con métodos tan poco limpios como manipular el precio de la luz antes de una subasta, por lo que ha recibido recientemente una multa, o dirigiendo las voluntades del Ministerio de Industria para que boicotease el autoconsumo. Todo vale para garantizar los beneficios de las eléctricas, incluso arruirnar a más de 62.000 familias que se enfrentan ahora a la bancarrota por los recortes brutales, retroactivos y arbitrarios sobre las energías renovables.
La nueva regulación sobre el autoconsumo española no sólo es ilegal, inconstitucional y pone en jaque eal cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país, sino que también es un ejemplo de la manifiesta incapacidad de nuestros gobernantes por asumir que otro modelo energético está ya en marcha. A nosotros, como a las miles de familias arruinadas y a decenas de miles de ciudadanos que ya han manifestado su oposición, toda la regulación española de autoconsumo nos sigue pareciendo un atropello del derecho ciudadano a elegir qué energía queremos y ahorrar en la factura eléctrica.
Desde Greenpeace hemos reivindicado con todos los medios, y ahora también en los tribunales, el derecho ciudadano a entrar en el sector energético en paridad de condiciones con las grandes empresas eléctricas. A pesar de que el Gobierno hizo caso omiso y a que de nada valieron las 200.000 firmas contra del Impuesto al Sol, ni las 40.000 alegaciones ciudadanas ni las que presentamos organizaciones tan diferentes como consumidores, asociaciones industriales de renovables, ONG y movimientos sociales, seguiremos luchando.
Por esta razón, ayer inciamos, junto al resto del sector renovable, un recurso ante el Tribunal Supremo denunciando esta regulación. Porque el Real Decreto de anti-autoconsumo es una clara barrera para lograr un futuro 100% renovable para todos y una concesión al oligopolio eléctrico.
¡Ayúdanos a conseguirlo! Con tu apoyo conseguiremos parar el Impuesto al Sol, exigiendo a todos los partidos políticos que cumplan su compromiso de derogarlo si llegan al poder, y reivindicaremos una política energética que mire por la ciudadanía y el medio ambiente y apueste por las renovables.
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