En el tercer aniversario de la parada de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) Greenpeace destaca que ha quedado completamente demostrado durante estos años queesta central, la más vieja de la UE, es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español.La madrugada del 16 de diciembre de 2012 dejaba de producir electricidad y el suministro eléctrico no percibió la carencia, como se puede observar en la curva de demanda de Red Eléctrica de España, a pesar incluso de que la unidad I de Almaraz también estaba parada por procesos de recarga, y la unidad I de Ascó había sufrido también una parada el día anterior durante su proceso de arranque tras su recarga.
La organización ecologista denuncia que, tras tres años sin producir electricidad, dos años y medio sin licencia de explotación y un año y medio sin realizar las evaluaciones pedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la consideración de una nueva licencia, el organismo regulador está acelerando la publicación de un informe condicionado, sobre la licencia hasta 2031, para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor. De esta manera las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por “lucro cesante” en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelar la vieja planta atómica.
"El pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años de antigüedad para permitir que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central nuclear en el tiempo de descuento de esta legislatura. Así, Iberdrola y Endesa podrán exigir lucro cesante si el próximo Gobierno decidiera cerrarla", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. "Ni Garzón, ni Iglesias, ni Rivera, ni Sánchez deberían permitir el expolio de las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno", ha añadido.
La empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (50% Iberdrola y 50% Endesa), justificó la desconexión por la quiebra derivada, según ellos, de la aplicación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. En julio de 2014, la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados (CNMC), les multó con 18,4 millones por haberlo hecho. No obstante esta justificación empresarial ha servido de coartada para modificar ad hoc todas las leyes y reglamentosnecesarios para solicitar una nueva licencia para operar hasta el año 2031 a pesar de tener, al mismo tiempo, una orden de cierre definitivo en vigor (1).
El pleno del CSN admitió esta solicitud sin explicar por qué acepta evaluar la planta por más de diez años, cuando jamás en la historia de la seguridad nuclear española se ha hecho algo así (2). En Francia, con amplia experiencia nuclear, llevan cinco años debatiendo públicamente los aspectos técnicos, económicos y medioambientales de llevar sus reactores nucleares a los 60 años de vida. En España, lo ha decidido el actual gobierno por la puerta de atrás, tras colocar a su secretario de Estado de Energía como presidente del CSN.
En el último mes, tras la imposición de un tercer consejero propuesto por el Partido Popular, que fue rechazado por el Parlamento, rompiendo la neutralidad del organismo regulador; y dada la proximidad de las elecciones se ha acelerado el proceso. Así, el pasado 4 de noviembre se aprobó una modificación de las Especificaciones Técnicas de Seguridad (ETFs) de Garoña para aplicar un nuevo cálculo de presiones y temperaturas en la vasija del reactor de esta central nuclear. Esta modificación exime de realizar unas pruebas a no ser que les concedan previamente la licencia de operación hasta 2031.
"Garoña seguirá sin producir electricidad en 2016, porque no cumple todos los requisitos de seguridad. Pero sí es posible que sus dueños se lucren si el Gobierno in extremis les autoriza a poder reabrir", ha añadido Montón.
Greenpeace recuerda que ha reclamado reiteradamenteque se lleve a cabo el trámite de información pública, así como al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear. La organización ecologista destaca que ambos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir reabrir una central, según el Convenio de Espoo (3).
Notas para el editor:
Resumen del proceso de Garoña. La central nuclear de Garoña alcanzó el límite de su vida de diseño de 40 años en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013. En julio de 2012, el Ministerio de Industria revocó parcialmente la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación hasta esa fecha. Nuclenor solicitó un aplazamiento para pedir esta nueva ampliación de vida, que no le fue concedido en 2012, pero sí en 2013. A pesar de que finalmente consiguió este aplazamiento no solicitó una nueva licencia y el Ministerio de Industria procedió a declarar el cese de explotación definitivo. Tras el cese, se modificó el Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, que amparaba la posibilidad de una nueva solicitud de ampliación de vida para Garoña. El 22 de febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó esta nueva norma y Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 una licencia para operar hasta el año 2031. No obstante, en diciembre de 2012 Garoña se desacopló de la red eléctrica alegando motivos económicos, motivo por el cual el 17 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso la máxima multa posible.
Según lo reflejado en el Acta del CSN, anexo I, https://www.csn.es/documents/10182/878175/1364+-+Acta/1b6a85a2-7b33-470a-b926-56837b6a3a36
Hasta la fecha las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) deben realizarse cada 10 años y coinciden con el tiempo de duración las licencias. Esta coincidencia es una buena práctica reconocida internacionalmente y asumida por el CSN desde hace 20 años. Es la primera vez en la historia de la seguridad nuclear española que un titular ha solicitado una renovación de una autorización de explotación de una planta nuclear por un período de tiempo superior a los 10 años. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica, el Pleno no ha aclarado aún si puede o no aceptarse esta anómala solicitud de Nuclenor.
Convenio de Espoo:Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.
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