La dimisión del director del departamento de inspección financiera y tributaria de la Agencia Tributaria, Luis Jones, el tercer cargo en el escalafón del organismo público, ha agravado la crisis interna en la Administración fiscal salpicada por casos como el de Cemex, los DNI de la Infanta o las secuelas del caso Bárcenas con la amnistía fiscal entre otros. El abandono de Jones, consumado la noche del pasado lunes, se suma a los relevos o dimisiones producidos en las últimas semanas que han crispado el ambiente en el seno de la institución pública.
Luis Jones, que llevaba dos años en el puesto (fue designado por el Ejecutivo del PP y goza de gran prestigio profesional), remitió ayer un correo a los jefes de área de la institución para explicar los motivos de su renuncia. “Las notables diferencias que han surgido con la dirección general en los últimos meses en relación con diversos asuntos que, en mi opinión, constituyen ámbitos esenciales de decisión del departamento de inspección, y que se han resuelto en contra de nuestro criterio”.
Fuentes de la inspección explican que la renuncia de Jones estaba cantada porque su relación con el director general estaba muy deteriorada y apenas se hablaban. El último enfrentamiento tuvo que ver con el nombramiento del jefe de la dependencia de control tributario y aduanero de la delegación de grandes contribuyentes, cargo que ocupaba Ignacio Ucelay.
El desencuentro por el sustituto de Ucelay ha sido el punto final a varios meses de desencuentro entre el director general de la Agencia Tributaria y su número tres. Así lo expresa Jones en la carta enviada a sus compañeros: “Las diferencias no han hecho más que agudizarse recientemente, constituyendo su último episodio la imposibilidad de resolver, teniendo en cuenta el criterio del departamento, la sustitución, tras su renuncia el pasado 11 de noviembre, del jefe de dependencia de control tributario y aduanero de la delegación central de grandes contribuyentes en un plazo razonable de tiempo”. Jones precisa que las discrepancias están relacionadas tanto con el fondo como en la forma en el que se han resuelto por la dirección general determinados nombramientos y ceses”.
El sentimiento en el seno de la Agencia Tributaria es de creciente malestar por el desarrollo de los acontecimientos tras el caso Cemex. Algunos inspectores de Hacienda, que prefieren permanecer en el anonimato, denuncian que la nueva dirección ha abierto una purga para colocar en puestos claves a personas afines. Aseguran, además, que ha habido “injerencias políticas” en la institución aunque precisan que las conocen por terceros. Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, han descartado en público que existan presiones, ordenes o injerencias políticas para favorecer a un contribuyente.
Menéndez lleva en el cargo desde el pasado junio cuando relevó a la anterior directora general, Beatriz Viana, quien renunció tras verse salpicada por el caso de los DNI de la infanta Cristina. Desde entonces, el nuevo director general ha sustituido a varios cargos de libre designación que se enmarcan, según él, en un proceso de reorganización normal de la institución. Algunos inspectores elevan hasta los 310 cambios en cargos de libre designación en Agencia Tributaria los que se han producido desde que gobierna el PP.
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