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| Julio César, analista político |
La Justicia no puede ser rehén del ruido político
Por Julio César González Padrón
Artículo de opinión
Desde ayer, tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por el Juez de la Audiencia Nacional, asistimos, avergonzados a un espectáculo nacional profundamente preocupante y hasta triste para un país democrático como lo es España, al escuchar las declaraciones públicas de dirigentes políticos —diputados, senadores, presidentes autonómicos, alcaldes e incluso algún ministro— cuestionando sin reparo la actuación del juez Luis Calama encargado del caso, me ha indignado hasta decir basta; por ello escribo este artículo, convencido de que los españoles en general, somos más serios y respetuoso, que estos politios de izquierda que ayer, lamentable y vergonzosamente se manifestaron en público como lo hicieron. No se trata de matices, ni de críticas técnicas, ni de un debate jurídico legítimo. Se trata de un ataque frontal, emocional y desmedido contra un pilar esencial del Estado de Derecho, como es, “la independencia judicial”.
Para dejar claro de que juez se trata, hago saber; primero que nada, que Don Luis Calama, es un magistrado discreto, de alta preparación y prestigio reconocido en el mundo de la magistratura. Está especializado en cibercrimen, fraudes tecnológicos y grandes investigaciones económicas; por lo tanto, no se trata de un juez de “tres al cuarto” como quiere pintarlo en la izquierda política.
España no es una república bananera. Pero la imagen que proyectaron ayer algunos responsables públicos de la izquierda, desacreditando descaradamente a un juez, por el simple hecho de no gustarles una resolución judicial, como la de imputar a José Luis Ridriguez Zapatero, por supuestos delitos de: “organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias” ; delitos por los que se puede castigar hasta con 8 años de cárcel por su gravedad y mirar para otro lado y “que corra la zapatilla” no se puede aceptar en país democrático, Porque la Justicia no es un instrumento al servicio de ningún partido, por mucho que diga Pedro Sánchez aquello de… ¿de quién depende la fiscalía? Porque todo lo referente a impartir o administrar justicia, no puede ser un arma de doble filo, como pretenden algunos afines de Sánchez, ni un obstáculo que deba ser destruido cuando afecta a los propios. La Justicia es o debe ser, “la garantía última de que todos somos iguales ante la ley”, desde el ciudadano más humilde hasta el cargo más alto del gobierno. Si, amigos, España necesita políticos que respeten las reglas del juego democrático, incluso cuando no les favorecen. Necesita ciudadanos que defiendan sin complejos la independencia judicial. Y necesita jueces que puedan ejercer su labor sin presiones, sin amenazas veladas y sin campañas de descrédito.
La Justicia es sagrada en una democracia. Y cuando se ataca a los jueces, no se está atacando a una persona: “se está atacando a la libertad de todos”.
Por desgracia este tipo de lamentables comportamientos no son inocuos. Cuando un responsable público, ya sea de izquierda o de derechas, desacredita a un juez sin pruebas, lo que está haciendo no es defender una idea política, sino “debilitar uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho”. Y un país donde los jueces son atacados por cumplir con su deber proyecta hacia dentro y hacia fuera una imagen impropia de una democracia consolidada.
Porque a independencia judicial no es negociable…y en eso la Constitución española es clara: los jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Esa independencia no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos. Es lo que asegura que cualquier persona —sea un expresidente, un ministro o un ciudadano anónimo— pueda ser investigado o juzgado con las mismas reglas.
Cuando un político cuestiona la legitimidad de un juez por el simple hecho de no gustarle una resolución como ya ocurre de forma asidua, está enviando un mensaje peligroso: que la Justicia es un cachondeo y, por lo tanto, debe adaptarse a los intereses del poder. Y eso, en democracia, es inaceptable, aunque Pedro Sánchez asegure que la fiscalía depende del gobierno.
En un sistema democrático, la crítica a las instituciones es normal y saludable. Pero hay una línea que no debe cruzarse: la que separa la crítica razonada de la presión política. Cuando desde un cargo público se insinúa que un juez actúa movido por motivaciones ideológicas, se está intentando condicionar su labor. Y cuando esa presión se ejerce de forma coordinada desde distintos niveles del poder político, el daño institucional es aún mayor.
La Justicia no puede convertirse en un campo de batalla partidista. No puede ser utilizada como escudo cuando afecta a los propios ni como arma cuando afecta a los adversarios. La Justicia debe ser un espacio de neutralidad, de rigor y de respeto.
Por lo tanto; el ciudadano no puede permanecer impasible; la reacción social ante estos ataques debe ser firme. No podemos normalizar que quienes ostentan responsabilidades públicas desacrediten a los jueces cada vez que una decisión judicial no les favorece. Porque si se erosiona la confianza en los tribunales, lo que se erosiona es la confianza en la democracia misma. Por lo que, insisto en que el ciudadano de a pie debe entender que, defender la independencia judicial no es defender a un juez concreto, sino defender su propio derecho a vivir en un país donde la ley se aplica por igual a todos. Donde las instituciones funcionan sin miedo, sin presiones y sin amenazas veladas.
Porque democracia madura exige respeto institucional y España ha construido durante décadas un sistema judicial sólido, con defectos y virtudes, pero basado en principios democráticos incuestionables. Ese sistema no puede ser puesto en duda cada vez que un político se siente incómodo. Las instituciones no pertenecen a los partidos; pertenecen a los ciudadanos.
Por eso es imprescindible recordar que la separación de poderes no es un concepto abstracto: es la base que impide que un gobierno pueda controlar a los jueces, manipular los procesos o blindar a sus dirigentes. Cuando se ataca a un juez, no se está atacando a una persona: “se está atacando a la libertad de todos”.
Como conclusión final, me reafirmo en que defender la Justicia es defender España
La Justicia es sagrada en una democracia. Y quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación moral de respetarla, incluso cuando sus decisiones no les resultan convenientes. La crítica razonada es legítima; la deslegitimación sistemática, no.
España necesita serenidad institucional, respeto a la ley y un compromiso firme con la independencia judicial. Porque sin jueces libres, no hay ciudadanos libres y echando mano una vez más a nuestro rico pero olvidado léxico canario … “eso lo digo y me planto y ustedes políticos, manténganse a raya y no se me meen fuera del tiesto, qué… ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo:
Julio César González Padrón
Marino mercante y escritor
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