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| Julio González, analista político con otra visión |
Por: Julio César González Padrón
Artículo de opinión
Cuando en España estalló el escándalo del rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, muchos creyeron que se trataba de un episodio más dentro del ruido político habitual; sin embargo, el tiempo ha demostrado que este asunto —que comenzó como una controversia administrativa y económica— ha terminado convirtiéndose en un símbolo de algo más profundo: la dificultad del gobierno de este país para cerrar capítulos, esclarecer responsabilidades y ofrecer certezas institucionales.
Hoy, con la nueva citación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado, anunciada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el caso vuelve a abrirse cuando parecía ya archivado en la memoria pública. Y es legítimo preguntarse si este ciclo interminable es razonable en una democracia consolidada.
Lo que desde luego no es razonable es que ya haya salido toda la izquierda de este país en tromba a descalificar al juez Calama, sin ni siquiera haber tenido tiempo de leer el auto. Parece que alguien desde Ferraz grito esta mañana temprano…. ¡Alto camaradas, todos a una que, esto es de mamá! Y desde la calle Genova… ¡A por ellos chiquillos, que son pocos, de izquierdas y cobardes!
El punto de partida es conocido. En 2021, cuando el gobierno social comunista de Pedro Sánchez aprobó en consejo de ministro un rescate de 53 millones de euros para beneficio de la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La decisión generó sospechas, y sobre la verdadera relevancia estratégica de la compañía, sobre posibles vínculos políticos o diplomáticos con la nada democrática Venezuela de Maduro.
La polémica creció hasta el punto de que incluso la Comisión Europea se interesó por el caso, solicitando aclaraciones y revisando la legalidad del procedimiento. Aunque Bruselas, todo hay que decirlo, no llegó a declarar ilegal la ayuda, el daño reputacional ya estaba hecho y servido al mundo democrático.
Desde entonces, el caso Zapatero, se ha convertido en un terreno fértil para la confrontación política, la especulación mediática y la judicialización constante.
Y no es para menos, porque a lo largo de estos años, la investigación ha tenido idas y venidas. Hubo momentos en los que parecía que todo quedaría archivado, que no había indicios sólidos de irregularidades, que las sospechas eran más ruido que sustancia.
Pero cada vez que el caso parecía apagarse, surgía un nuevo elemento, una nueva declaración, un nuevo giro procesal. Y así, el asunto se ha ido transformando en un símbolo de algo más grande; la incapacidad de este gobierno para ofrecer un cierre claro y definitivo.
Con esta nueva citación, y ahora como investigado el propio expresidente Zapatero para el 2 de junio, vuelve a colocar el caso en el centro del debate. No se trata de condenar ni de absolver a nadie antes de tiempo. La presunción de inocencia es un pilar democrático que debe respetarse siempre.
Pero sí es legítimo preguntarse el por qué, después de tantos años, el caso sigue abierto, sin una conclusión firme, sin una verdad judicial clara. ¿Es normal que un asunto administrativo se prolongue tanto? ¿Es razonable que un país democrático viva en un bucle permanente de sospechas sin resolución?
En los últimos meses, algunos analistas internacionales y medios extranjeros han comenzado a referirse a España con expresiones tan duras como “república bananera”. No porque lo sea, sino porque la imagen que proyecta —con casos interminables, instituciones cuestionadas, y decisiones judiciales que parecen eternizarse— alimenta esa narrativa, donde imputan por aceptar sobornos y/malversación de fondos públicos a ministros, políticos y personal cercano al gobierno Pedro Sánchez, como pudieran ser la imputación de su propio hermano David Sánchez, y su esposa Begoña Diaz; esta última esperando responder ante un jurado público por nada menos que 5 delitos graves.
La reputación de un país no se deteriora por un caso concreto, sino por la acumulación de episodios (como es el caso que nos ocupa), que transmiten desorden, falta de transparencia o incapacidad para cerrar procesos y alimentan sospechas manifiestas de intervención del gobierno en el sagrado e intocable poder Judicial.
La pregunta es inevitable. ¿Es razonable que un país como España, con décadas de democracia consolidada, siga atrapado en un caso que parece no avanzar ni resolverse? ¿Es normal que cada cierto tiempo resurja una nueva pieza, una nueva imputación, una nueva sospecha?
La justicia debe actuar con independencia, sin presiones políticas ni mediáticas. Pero también debe hacerlo con eficacia, claridad y tiempos razonables. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió realmente, quién tomó las decisiones y si hubo o no irregularidades.
Lo que no es aceptable es la incertidumbre permanente, en “Caso Zapatero”, pues más allá de nombres propios, no se trata de aclarar solo un rescate empresarial, sino de sospechas de corrupción dentro del gobierno social comunista que preside actualmente Pedro Sánchez, que refleja, una falta de imparcialidad nada aceptable.
No podemos obviar lo que acostumbra a hacer el propio Pedro Sánchez, cuando no quiere ver la realidad del momento que soporta actualmente nuestro país, como ahora el llamado, Caso Zapatero y que no es otra cosa, que mirar para otro lado y poner cara de perseguido político. Y es que, más allá de nombres propios, porque aquí no se trata solo de un simple rescate empresarial. Es un espejo en el que se reflejan la calidad institucional del país, la desconfianza en la justíciala, falta de transparencia del poder político y lo que nos debería de avergonzar de cara a la CE y resto del mundo; la credibilidad internacional de España
Hay dejar meridianamente claro, la necesidad de que los asuntos públicos se gestionen con rigor y se cierren con claridad, lo que nos lleva a la conclusión fina con “toque de mauro de Telde” como el que suscribe de que… ¡España necesita certezas ya!
Porque el país no puede permitirse vivir eternamente bajo la sospecha. Pues, ni Zapatero, ni Plus Ultra, ni su el hermano, ni su esposa, ni los ministros actualmente en prisión, ni ningún otro protagonista amigacho del “jefe” o simple simpatizante del PSOE, que pasaba por allí, deberían quedar atrapados en un proceso sin fin. “La justicia debe hablar con claridad, y cuanto antes”.
Porque una “democracia madura” no se mide por la ausencia de escándalos, sino por su capacidad para resolverlos con transparencia, rapidez y garantías.
A ver si al final va a resultar cierto, el dicho canario que decimos los mauros de Telde como yo… “Esta pimienta pica como la puta de la madre y viendo lo visto, queda claro, que no hay muladar sin pulgas ni, linajes sin putas”, y a todas estas, Pedro Sánchez en Belén con los pastores tan ricamente, pensando en las vacaciones gratis que se va a pegar en La Mareta, mientras este país va derivando a marcha forzada, hacia una república bananera del modelo Maduro o “dictadura disfrazada de democracia”. como ya sospechamos dentro de la propia España y en el mundo entero. Luego hay que ir tomándoselo en serio compadre, no vaya a ser que el conejo termine por enriscarnos a la perrita y se nos joda el domingo de caza… ¡Qué caso se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo:
Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
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