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| Don Julio González, Marino Mercante y Escritor |
Por Julio C. González Padrón
Artículo de opinión
En las últimas semanas se ha reavivado en España el debate público acerca de la conveniencia o no de que el rey emérito, Juan Carlos I, regrese de forma permanente al país y fije aquí su residencia como un ciudadano español más, con sus correspondientes derechos y obligaciones fiscales. A esta cuestión se suman otras igualmente relevantes, como, si el Estado debe proporcionarle residencia y escolta acordes a su condición de ex jefe de Estado, y si corresponde o no una asignación económica vitalicia con carácter público.
Se trata de un debate que combina dimensiones jurídicas, institucionales, históricas y simbólicas, y que obliga a distinguir entre lo estrictamente legal, lo políticamente oportuno y lo socialmente asumible.
Al respecto apuntamos qué, desde el punto de vista legal, no existe impedimento alguno para que Juan Carlos I regrese a España y establezca aquí su residencia; pues como ciudadano español, conserva el derecho a entrar y residir en el país cuando le plazca.
Sin embargo, si su regreso fuese permanente, debería cumplir las condiciones que determinan la residencia fiscal en España, lo que implica —según la normativa tributaria— permanecer más de 183 días al año en territorio español o situar aquí el núcleo principal de sus intereses económicos; en tal caso, quedaría sujeto plenamente al régimen fiscal español, como cualquier otro contribuyente.
Esta cuestión no es menor. Buena parte del debate público gira en torno a la idea de que su eventual regreso debería producirse con total normalidad jurídica, es decir, asumiendo obligaciones tributarias ordinarias sin privilegios diferenciados.
La abdicación de Juan Carlos I en 2014, que dio paso al reinado de Felipe VI, supuso una transformación profunda de su estatus constitucional.
Mientras ejerció como jefe del Estado, la Constitución española le otorgaba inviolabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, pero tras la abdicación:
Perdió la condición de jefe del Estado en ejercicio.
Conservó únicamente el tratamiento honorífico de “rey emérito”.
Mantuvo la inviolabilidad respecto de actos realizados durante su reinado, pero no para actuaciones privadas posteriores.
Pasó a situarse jurídicamente en una posición equiparable a la de cualquier ciudadano en lo relativo a responsabilidades futuras.
Entre 2014 y 2019 desempeñó algunas funciones representativas de carácter internacional sin papel constitucional activo y en 2019 anunció su retirada completa de la vida pública para en 2020 trasladar su residencia a Abu Dhabi, donde permanece desde entonces, aunque ha viajado puntualmente a España.
Esta evolución ha configurado una figura singular de un ex jefe de Estado sin funciones institucionales, con título honorífico, pero jurídicamente desvinculado del ejercicio del poder. Por ello el debate no se limita a su regreso físico, sino que incluye las condiciones materiales del mismo como:
1. Residencia
No existe obligación legal automática de proporcionar vivienda oficial a un rey emérito. La eventual residencia en dependencias estatales dependería de decisiones administrativas y acuerdos institucionales. Alternativamente, podría residir en una vivienda privada como cualquier ciudadano.
2. Escolta y seguridad
Los ex jefes de Estado suelen contar con dispositivos de seguridad, no por privilegio personal sino por evaluación de riesgo. La protección, en caso de asignarse, se fundamentaría en criterios técnicos de seguridad y no necesariamente en prerrogativas constitucionales permanentes.
3. Asignación o pensión vitalicia
Tras su abdicación, dejó de percibir la asignación presupuestaria correspondiente al jefe del Estado. No existe en la legislación española una pensión automática específica para un rey emérito. Cualquier eventual asignación pública requeriría decisión política y encaje presupuestario.
Este punto suscita especial sensibilidad social: mientras algunos consideran que su papel histórico justificaría una cobertura institucional, otros subrayan que, al no ejercer funciones públicas, no existe base jurídica para una remuneración con cargo al erario.
Este debate ha sido abordado desde posiciones diversas por los principales partidos; por ejemplo:
El Partido Popular ha defendido que el regreso sería deseable, subrayando su papel en la consolidación democrática, especialmente durante la Transición.
Desde Podemos se ha insistido en que cualquier retorno debe ir acompañado de plena rendición de cuentas en materia fiscal y judicial.
Sumar ha puesto el acento en la transparencia y en la necesidad de explicaciones públicas sobre su situación tributaria.
Sectores como Els Comuns han llegado a plantear la revisión del título honorífico de rey emérito.
Pero más allá de las diferencias ideológicas, el eje común del debate se sitúa entre dos principios: reconocimiento histórico frente a exigencia de responsabilidad ciudadana.
Pero sería interesante exponer en este articulo la experiencia de otros países como ayuda a contextualizar el caso español. Así pues:
Italia
Tras la abolición de la monarquía en 1946, los miembros masculinos de la Casa de Saboya tuvieron prohibida la entrada en Italia hasta 2002. El regreso de Vittorio Emanuele di Savoia fue posible tras reformas constitucionales y renuncias simbólicas. El caso muestra que el retorno de antiguos soberanos puede gestionarse dentro del marco legal ordinario sin restauración de privilegios.
Japón
El emperador Akihito abdicó en 2019 y pasó a ser emperador emérito. Conserva reconocimiento simbólico, pero sin funciones constitucionales ni controversias jurídicas asociadas. El proceso fue ordenado y ampliamente consensuado.
Repúblicas europeas
En países como Francia, ex presidentes han enfrentado investigaciones judiciales tras dejar el cargo, lo que refleja una tendencia general en democracias consolidadas: la pérdida de inmunidad plena tras el mandato y la sujeción al derecho común.
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CONCLUSIÓN
Como conclusión final y sin olvidar las sabias exclamaciones canarias, que tanto me gustan usar, pues nos ayudan a entender de forma llana y sencilla las distintas cuestiones que planteamos, diremos que, el posible regreso de Juan Carlos I plantea una cuestión compleja en la que confluyen historia, derecho y percepción social. Desde el punto de vista jurídico, puede regresar y fijar residencia en España, asumiendo las obligaciones fiscales correspondientes; de eso no cabe duda ni discusión alguna al respecto. Desde el punto de vista institucional, no ostenta funciones públicas ni prerrogativas constitucionales activas, más allá de su título honorífico. Desde el plano político y social, el debate oscila entre quienes priorizan su legado histórico y quienes subrayan la exigencia de igualdad ante la ley.
La comparación internacional sugiere que las democracias consolidadas tienden a resolver estos casos bajo un principio claro: los ex jefes de Estado conservan dignidad institucional, pero quedan sujetos al marco jurídico ordinario.
En última instancia, la cuestión no parece ser tanto si puede o no regresar —porque legalmente está claro puede— sino bajo qué condiciones simbólicas, fiscales e institucionales debería hacerlo para que su presencia en España resulte coherente con los principios de igualdad, transparencia y responsabilidad pública que rigen en un Estado democrático de derecho y es en este asunto, donde parce que nuestro emérito no las tiene todas consigo, porque es de los que piensan que: “Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita” o como decimos en Canarias, “esta pimienta pica como la puta la madre y a éste por mucho rey emérito que sea, habrá qué enseñarle la cartilla para que se entere bien, aunque esté muy desmejorado y ya arrastre la chola, no vaya a pensar que todo nos somos como los alumnos de la LOGSE (cortitos de mente, )y es qué…….¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo. Julio César Gonzlaez Padrón
Marino Mercante y Escritor
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