“Anboto” o la dignidad nacional

 

Luis Seco de Lucena

Luis Seco de Lucena

26/03/2026

Artículo de opinión

La liberación de la terrorista conocida como “Anboto”, asesina y dirigente de la banda criminal ETA, no es un hecho aislado ni un mero trámite judicial. Es, más bien, un síntoma. Una señal inequívoca de hasta qué punto se ha normalizado lo que hace apenas unos años habría resultado moralmente inaceptable.

Se nos dirá que todo responde a la legalidad, que las decisiones se toman conforme al Estado de derecho. Pero conviene no confundir legalidad con legitimidad moral. Porque hay decisiones que, aun siendo legales, erosionan profundamente la conciencia colectiva de una sociedad. Y esta es una de ellas.

Resulta difícil no interpretar este movimiento como una fase más de los acuerdos políticos que, de forma soterrada o explícita, se han tejido entre el PSOE y el entorno heredero de ETA. Acuerdos que, bajo la coartada de la estabilidad parlamentaria, terminan concediendo ventajas a quienes nunca han mostrado un arrepentimiento sincero por el daño causado. La aritmética del poder se impone así a la ética de la memoria.

Para llegar a este punto ha sido necesario algo más que negociaciones: ha sido imprescindible el olvido. O, al menos, un intento deliberado de diluirlo todo en una narrativa cómoda. Se repite hasta la saciedad que ETA ya no mata, que ETA ya no existe. Y es cierto, en un sentido estrictamente operativo. Pero esa verdad parcial encierra una trampa.

Porque las víctimas siguen ahí.

Siguen ahí los nombres, los rostros, las historias truncadas. Siguen ahí las familias que nunca pudieron cerrar sus heridas. ETA ya no mata, pero quienes fueron asesinados no van a volver. ETA ya no existe, pero los mutilados por sus bombas no recuperarán sus extremidades. ETA ya no actúa, pero el vacío que dejó sigue latiendo en cada aniversario, en cada ausencia, en cada silencio.

Reducir todo eso a una frase hecha —“ETA ya no existe”— es una forma de anestesia moral. Un detergente político que pretende blanquear décadas de terror, facilitando así la integración cómoda de sus herederos en el tablero institucional. Como si el paso del tiempo pudiera absolver lo que nunca fue verdaderamente asumido.

La cuestión no es solo jurídica ni siquiera política. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad. De si una sociedad está dispuesta a recordar lo que le ocurrió o prefiere enterrarlo bajo el peso de la conveniencia.

Porque cuando el recuerdo de las víctimas se convierte en un obstáculo para la gobernabilidad, el problema ya no es el pasado. Es el presente.

Y quizá, también, el futuro.