Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- La consulta sobre las prospecciones de Repsol en Canarias, anunciada a bombo y platillo para el próximo 23 de noviembre, quedará finalmente reducida a una simple encuesta.
Así lo adelantaba a finales de la pasada semana el presidente regional, Paulino Rivero, quien explicó que el Consejo de Gobierno aprobó encargar dicho sondeo a las dos universidades canarias "para conocer el parecer de la población sobre la posición que está defendiendo el Ejecutivo en contra de las prospecciones petrolíferas y su incidencia negativa en el medio ambiente, el turismo, la desalación de agua o la pesca".
Rivero aseguró, asimismo, que "la encuesta no sustituye en modo alguno a la consulta popular". Una afirmación que, a la luz de las evidencias, podría considerarse como un mero brindis al sol del mandatario autonómico. Durante su comparecencia, el presidente autonómico reiteró públicamente su presunta "convicción" de que, finalmente, el Constitucional dará la razón a su gabinete sobre la "legalidad" de su iniciativa. Las probabilidades de que la consulta llegue a celebrarse, no obstante, son algo más que escasas.
Por un lado, hoy son pocos los que se atreven a negar la politización y el control por parte de los principales partidos del Estado del tribunal encargado de dar o negar el permiso para ello.
Un "impedimento" de peso al que se une el hecho de que las prospecciones petrolíferas deRepsol en aguas próximas a Canarias podrían iniciarse este mismo mes de noviembre. La propia petrolera anunciaba, hace escasos días, que el barco encargado de realizar estas prospecciones, el "Rowan Renaissance", navega ya hacia el Archipiélago y prevé atracar en el Puerto de Las Palmas a partir del martes 11 para comenzar sus operaciones cuatro días después.
Sea como fuere, las actuaciones del Gobierno regional, cuyos componentes se mostraron en el pasado favorables a la actividad petrolera en el Archipiélago, no pueden considerarse sorprendentes. Especialmente, porque el propio Paulino Rivero había dejado clara desde el anuncio de la consulta nonata su intención de acatar, en todo momento, la legalidad dictada por los tribunales españoles.
La pronosticada evolución de los acontecimientos, sin embargo, sí ha terminado por poner en evidencia a las organizaciones integradas en el Movimiento Ciudadano de Canarias Contra las Prospecciones Petrolíferas.
Como se recordará, estas organizaciones apoyaron la convocatoria de consulta realizada porRivero, planteando la misma como una "victoria del movimiento y la movilización popular".
Junto a las críticas recibidas por suscribir una pregunta que obligaba a optar entre la actividad petrolera y el "modelo económico del ladrillo" impuesto por los sucesivos gobiernos regionales, así como por posar en una foto institucional con la que el Gobierno de CC y PSOE pretendía "lavarse la cara" tras sus múltiples tropelías económicas y medioambientales, estas organizaciones se encontraron muy pronto ante el reto que les planteaba la previsible suspensión de la consulta.
El pasado 22 de octubre, uno de los portavoces del Movimiento, Jerónimo Gómez, aseguraba ante los medios de comunicación que "la consulta se realizará el próximo 23 de noviembre sí o sí". "Si finalmente el Gobierno autónomo no la convocara la sacaríamos nosotros adelante aunque no fuera vinculante" -prometía Gómez.
En el mismo sentido se pronunciaba la Coordinadora Canaria contra la Prospecciones:"Hacemos un llamado al pueblo canario a no decaer en la lucha y a participar masivamente en la consulta que se realizará el 23 de noviembre, entendiendo como entendemos que nada ni nadie puede prohibirnos levantar la voz alto y claro para decir entre todos y todas, un contundente no a las prospecciones".
Apenas quince días después dicha promesa quedaba absolutamente en el aire. El pasado viernes, en una rueda de prensa celebrada frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de G.C., otro de los portavoces del Movimiento contra las Prospecciones, René Behoteguy, reconocía que aún no habían adoptado ninguna decisión sobre la organización de la "consulta ".
Esta decisión -explicó Behoteguy - "no se tomará hasta el día 15 del presente mes, cuando se celebrará en Fuerteventura una cumbre en la que participarán todos los movimientos sociales que conforman la plataforma. De momento, estamos valorando cuándo, cómo y de qué manera pueda ser exitosa una consulta desde los movimientos sociales".
De esta forma, la resolución sobre la "consulta alternativa" quedaba pospuesta para solo 8 días antes del 23N. Un lapso de tiempo a todas luces insuficiente para organizar cualquier tipo de votación que permita pronunciarse al conjunto de la población del Archipiélago, de forma verificable por actores ajenos a los propios convocantes.
La indefinición expresada en rueda de prensa se convertía en una inexplicable ausencia en el comunicado emitido por el Movimiento contra las Prospecciones ese mismo jueves, en el que no se realizaba mención alguna a la consulta alternativa y, en vez de ello, se "exigía al Gobierno de Canarias que mantenga su compromiso con el pueblo al que dice representar".
Finalmente, la promesa de realizar la consulta el "el 23N, independientemente de lo que digan el gobierno de Madrid, el Tribunal Constitucional o el Gobierno de Canarias" erasustituida por una vaga alusión a los planes de futuro de los colectivos integrados en el Movimiento:
"El conjunto del Movimiento Ciudadano de Canarias contra las Prospecciones seguirá trabajando para continuar la movilización ciudadana contra la imposición petrolera de un gobierno que no nos escucha, y hasta conseguir que el proyecto petrolífero de la multinacional Repsol en Canarias se paralice".
Un nuevo compromiso que, sin embargo, no parece avalado por el cumplimiento de los adquiridos hasta la fecha.
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