Campaña contra el «mobbing» en la Policía Canaria

«Que cese el acoso laboral en la Policía Canaria». Este es el encabezamiento de la petición con que, por medio de Internet, pretenden llamar la atención del presidente del Gobierno regional,Paulino Rivero, con respecto a posibles casos de mobbing en el seno del cuerpo de seguridad autonómico. Ya este martes eran más de un centenar las firmas de apoyo a la solicitud, que se abre con una reproducción de la página de la sección de «Enfoque» en que ABC, el 17 de abril del año pasado, dio a conocer la existencia de un cartel «intimidatorio», tal como lo calificó en su día el sindicato de las Comisiones de Base (Co.Bas), en las dependencias policiales. «Nada inspira mejor el perdón que la venganza», rezaba el cartel, que fue expuesto cuando el cuerpo venía siendo noticia por supuestos casos dedetención ilegal, falsedad documental y acoso laboral. [Lea aquí la petición al Ejecutivo canario]

El ruego tiene como destinatario a Rivero, presidente también de Coalición Canaria, fuerza política que siempre ambicionó una Policía al estilo de otros cuerpos de seguridad autonómicos, tales como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra. La proposición para la que busca apoyos pide «que haya integridad y transparencia en los organismos que pagamos entre todos. Que no se permitan carteles ni amenazas a trabajadores ni a policías por denunciar ilegalidades. Tomen medidas contra el acoso laboral en la Policía que ustedes crearon o ciérrenla».

Redactada por «Nayra Pérez», autora seudónima, la petición, alojada en el popular sitio web change.org, expone los precedentes que después darían lugar a esos supuestos episodios de mobbing. De entrada, recuerda la llamada «operación Ladrillo», en que la Guardia Civil llegó a detener a diez agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, incluidos dos de sus mandos. Posibles delitos de falsedad documental, detención ilegal y «contra la integridad moral en el ámbito laboral» subyacían en la actuación de la Benemérita. Posible delito (este último, el de mobbing) que se cometió, siempre presuntamente, contra los agentes que habían denunciado la detención ilegal.

«Sin embargo, lejos de ser valorada la denuncia como algo correcto que tenía que hacerse, los agentes que dieron parte comienzan a sufrir amenazas y acoso laboral, sin que sus jefes ni responsables políticos tomen medidas», agrega la solicitud, que enlaza con la noticia que sobre el susodicho cartel «intimidatorio» publicó ABC en su debido momento: «Muestra del ambiente laboral existente en el cuerpo es el cartel intimidatorio que uno de los jefes cuelga en la propia comisaría a la vista de los agentes».

Denuncias cruzadas

La narración continúa recordando que Co.Bas ha elevado una denuncia, por la vía penal, contra varios de los mandos de la Policía Canaria por la posibilidad de que hubiesen cometido delitos «contra el ejercicio de la libertad sindical», de prevaricación administrativa y «contra la integridad moral». El Gobierno de la comunidad autónoma, responsable del cuerpo, pretendía, en cambio, llevar a juicio a dos agentes por una supuesta filtración de información relativa a la «operación Ladrillo». Hasta tres veces rechazaron los juzgados las pretensiones del Ejecutivo de la región.

En su petición, los autores se preguntan, retóricamente, si «es así como se trata a quien denuncia ilegalidades» y «qué tiene que suceder para que el Gobierno de Canarias ponga fin a las represalias contra unos agentes que son ejemplo de entereza». «Si permitimos que se castigue a los que denuncian aquello que está mal, qué podemos esperar de esta Policía», se cuestionan.

fuente : http://www.abc.es/