 |
| Don Julio Marino Mercante |
Por Julio C. González Padrón
Artículo de opinión
El pasado 28 de febrero se cumplieron 57 años de la llamada “Operación Golondrina”, el dispositivo mediante el cual España culminó la evacuación del entonces Sáhara Español y puso fin a casi un siglo de presencia colonial en el territorio.
Una fecha que, más allá del dato histórico, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva y en la conciencia política de nuestro país.
La Operación Golondrina fue la fase final de un proceso precipitado por la presión internacional y, especialmente, por la llamada Marcha Verde, impulsada por el entonces rey Hasán II en noviembre de 1975, mientras España vivía la agonía del franquismo y la inminente muerte de Francisco Franco, al mismo tiempo que miles de civiles marroquíes cruzaban la frontera del Sáhara en una acción cuidadosamente organizada por Rabat para forzar una negociación política.
Aquella demostración de fuerza, acompañada de una intensa presión diplomática y geoestratégica que desembocó en los llamados Acuerdos de Madrid, por los que España de forma vergonzosa y humillante cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.
Aunque formalmente la salida se consumó meses después, fue el 28 de febrero cuando se arrió definitivamente la bandera española en El Aaiún y se completó la retirada de las tropas.
La Operación Golondrina simboliza ese momento final: barcos zarpando, instalaciones desmanteladas, familias regresando a la península o a Canarias, y una población saharaui que quedaba, de facto, abandonada totalmente a su suerte.
Visto 57 años después, resulta difícil no calificar aquel proceso como una renuncia precipitada y políticamente débil. España, potencia administradora reconocida por Naciones Unidas, tenía la responsabilidad de culminar el proceso de descolonización mediante un referéndum de autodeterminación; sin embargo, la fragilidad interna del régimen, el temor a un conflicto armado y las presiones internacionales pesaron más que el compromiso con el Derecho Internacional y con el noble pueblo saharaui.
Las consecuencias de aquella decisión siguen vigentes. El conflicto del Sáhara Occidental permanece sin resolver, con generaciones de saharauis creciendo en campamentos de refugiados en Tinduf y un territorio dividido por un muro que simboliza la persistencia del desacuerdo.
Desde entonces la comunidad internacional ha sido incapaz de cerrar una herida que se abrió en pleno contexto de la Guerra Fría y que, medio siglo después, continúa condicionando la política exterior española y la estabilidad del Magreb.
Desde Canarias, la memoria de aquel episodio adquiere un matiz especial. Por proximidad geográfica, por vínculos históricos y por las relaciones humanas tejidas durante décadas; la retirada del Sáhara no fue un acontecimiento lejano, fue una realidad que afectó a familias, a empresas y a toda una generación que vivió aquel final con desconcierto y amargura.
Recordar la Operación Golondrina no es un ejercicio de nostalgia colonial ni un intento de reabrir debates estériles. Es, sobre todo, una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad histórica de los Estados, sobre la coherencia entre los principios proclamados y las decisiones adoptadas, y sobre el coste humano de las soluciones improvisadas.
Cincuenta y siete años después, la pregunta sigue siendo incómoda: ¿Estuvo España a la altura de su responsabilidad histórica? Muchos sostenemos que no. Y esa percepción, compartida por amplios sectores de la sociedad, forma parte inseparable de la memoria de aquel 28 de febrero el cual marcó el final de una etapa y el inicio de un conflicto aún sin cerrar.
Cuando aquel 28 de febrero de 1976 culminó la llamada Operación Golondrina, no solo se cerró un capítulo político y militar. Para Canarias supuso también un golpe económico y social de enorme calado, cuyas consecuencias aún resuenan en determinados sectores, muy especialmente en el pesquero.
La retirada española del territorio, precipitada tras la Marcha Verde y formalizada en los Acuerdos de Madrid, implicó mucho más que la pérdida de una provincia ultramarina. Supuso la ruptura abrupta de un espacio económico natural entre el Archipiélago y el Sáhara Occidental, construido durante décadas sobre relaciones comerciales, laborales y humanas intensas.
Durante generaciones, el banco pesquero canario-sahariano fue uno de los más ricos del Atlántico oriental. Las aguas frías y ricas en nutrientes frente a la costa sahariana alimentaban una actividad extractiva que sostenía a buena parte de la flota canaria. Desde puertos como Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario o Santa Cruz de Tenerife, decenas de barcos faenaban en aquellas aguas, generando empleo directo e indirecto en astilleros, conserveras, industrias auxiliares, transporte y comercio.
No se trataba únicamente de cifras económicas, era una cultura del mar, un modo de vida transmitido de padres a hijos. Muchas familias canarias dependían de campañas de pesca en el caladero sahariano. La estabilidad del recurso permitía planificar temporadas, inversiones y relevos generacionales. El mar frente al Sáhara no era un destino exterior: era una extensión natural del espacio marítimo canario.
Pero, insisto que con la vergonzosa y humillante salida española y el cambio de administración del territorio, el acceso al banco pesquero dejó de estar garantizado. Las nuevas autoridades marroquíes pasaron a controlar las aguas y a establecer sus propias condiciones. La flota canaria quedó, de la noche a la mañana, en una posición de incertidumbre jurídica y económica.
Muchos armadores no pudieron asumir las nuevas exigencias, tasas o limitaciones. Otros optaron por desguazar embarcaciones ante la falta de rentabilidad, lo que los llevó a tener que hacer una reconversión forzosa que afectó a marineros, patrones y trabajadores de tierra. Talleres navales, fábricas de hielo, almacenes y pequeñas empresas auxiliares vieron caer su actividad, especialmente en Gran Canaria, en cuyo Puerto de la Luz, se encontraba la principal base pesquera
El impacto social fue profundo. En barrios portuarios de Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, la pérdida del caladero se tradujo en desempleo, emigración y precarización. La misma mar, que había sido sustento y horizonte, se convirtió en frontera y obstáculo.
Con el paso de los años, el acceso a esas aguas quedó supeditado a acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos. La flota canaria pasó de ejercer una actividad tradicional en un espacio históricamente vinculado al Archipiélago a depender de negociaciones diplomáticas periódicas, sujetas a tensiones políticas y jurídicas.
Cada renovación o suspensión de acuerdos ha recordado la fragilidad de aquel equilibrio perdido en 1976. La pesca dejó de ser un derecho histórico de facto para convertirse en una concesión condicionada, mientras Madrid miraba para otra parte.
Cincuenta y siete años después, la Operación Golondrina no solo representa para muchos una cesión política discutida. En Canarias simboliza también la pérdida de un pilar económico fundamental y de una parte de su identidad marítima.
La desaparición del banco pesquero canario-sahariano como espacio propio aceleró la transformación del modelo productivo isleño hacia una dependencia creciente del turismo. Si bien este sector ha generado prosperidad, también ha aumentado la vulnerabilidad ante crisis externas, como quedó demostrado en etapas recientes.
Recordar hoy aquella efeméride implica, por tanto, reflexionar no solo sobre la responsabilidad histórica del Estado, sino también sobre cómo decisiones geopolíticas tomadas en momentos de debilidad interna pueden tener consecuencias estructurales para territorios periféricos como Canarias, cosa que puede volver a repetirse permitiendo la entrada de empresas estatales marroquís en nuestro territorio, al mismo tiempo que llos desarrollan o tienen en construcción nuevos puertos frente a Canarias y pensados para el asalto final en el Hub internacional del Atlántico Medio, que hoy ocupa nuestro Puerto de la Luz..
LA GRAN PREGUNTA
¿Va a seguir permitiendo nuestros políticos nacionales, locales y tejido empresarial el , que Canarias vuelva a ejercer de “pariente pobre” y pagar el plato roto de sus incompetencia y miopía futurista para Canarias permitiendo otra acción que solo nos perjudica a nosotros como región? Hasta ahora el único político que valientemente ha alzado su voz en ese sentido y viéndolas venir es Don Antonio Morales presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Lo vamos dejar solo?
Tengamos presente lo que no ha enseñado la Historia y es que, para muchas familias isleñas, la Operación Golondrina no fue una abstracción diplomática. Fue la pérdida del sustento, del oficio heredado y de un vínculo natural con el mar sahariano que durante generaciones había alimentado hogares y esperanzas.
Y como ya saben que me gusta acabar mis articulo empleando expresiones típicas de mi pueblo, en esta ocasión les digo…. “Este asunto me huele ya a trapo quemado y se lo digo yo, que he estado tras él hasta que le agarré la vuelta; porque “el jodido moro” con sus cosas, ya me tiene caliente compadre. Así que, pique al toque o que arranque la caña, que … ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo. Julio César González Padrón
Marino Mercante y Escritor
Muchos no conocían esta historia
ResponderEliminar