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| Buen Artículo Don Luis |
Luis Seco de Lucena
13/03/2026
Artículo de opinión
En los últimos días el Gobierno ha anunciado la creación de una plataforma denominada HODIO, presentada como una herramienta para combatir el discurso de odio en las redes sociales. La iniciativa, formulada en términos aparentemente nobles —proteger la convivencia, frenar la violencia verbal, salvaguardar la dignidad de las personas—, abre sin embargo una serie de preguntas incómodas que conviene formular antes de aceptar la propuesta sin reservas.
Porque el problema del odio en las redes existe. Nadie sensato lo niega. Internet ha amplificado la capacidad de insultar, acosar y difamar con una rapidez y una impunidad que hace apenas veinte años eran impensables. El anonimato, la viralidad y la lógica emocional de las plataformas han convertido el insulto en una moneda de cambio cotidiana.
Sin embargo, reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución.
La primera cuestión es elemental: ¿es realmente necesaria una plataforma estatal para vigilar el odio en internet?
España dispone ya de un marco legal sólido para perseguir conductas que traspasan los límites de la libertad de expresión. El Código Penal, tipifica los delitos de odio. Además, existen unidades especializadas en las fuerzas de seguridad, fiscalías específicas y mecanismos de denuncia dentro de las propias plataformas digitales.
En otras palabras: las herramientas ya existen.
Crear una nueva estructura administrativa plantea inevitablemente la sospecha de que su función podría no ser únicamente la de combatir delitos reales, sino vigilar el clima de opinión en las redes.
El problema fundamental aparece cuando la definición de “odio” se vuelve difusa, a veces intencionadamente, para atacar al que critica.
En democracia, criticar al Gobierno no es odio. Ridiculizar a un ministro no es odio. Denunciar decisiones políticas tampoco lo es. Sin embargo, la tentación de ampliar el concepto hasta incluir cualquier forma de disenso es tan antigua como el poder mismo.
Si el sistema que analiza las redes está bajo control del Ejecutivo, surge una pregunta inevitable: ¿quién decide qué es odio y qué es crítica legítima?
La línea entre ambas cosas puede ser extremadamente fina cuando quien traza esa frontera es precisamente el objeto de la crítica.
Si la plataforma HODIO pretende tener credibilidad democrática, hay una condición imprescindible: el algoritmo que determine qué contenidos se consideran problemáticos debe ser público y auditable.
No puede tratarse de una caja negra gestionada exclusivamente por el Gobierno. Cualquier herramienta de vigilancia digital debe poder ser revisada por expertos independientes, universidades, organizaciones civiles y organismos judiciales. De lo contrario, el riesgo es evidente: un sistema de monitorización masiva bajo control político.
Hay además un elemento incómodo que rara vez se menciona: muchos discursos agresivos en redes sociales proceden precisamente de la propia clase política.
Basta revisar los perfiles de numerosos dirigentes para encontrar descalificaciones, sarcasmos hirientes y acusaciones incendiarias. Las redes se han convertido en un escenario de confrontación permanente donde el tono se radicaliza porque genera atención y rédito electoral.
Resulta paradójico que quienes participan activamente en esa dinámica se presenten ahora como árbitros del lenguaje público.
La idea de una plataforma estatal dedicada a monitorizar el discurso ciudadano en internet inevitablemente evoca un viejo fantasma: el del Gran Hermano que todo lo observa.
No se trata de negar la necesidad de perseguir delitos. Se trata de recordar que las democracias también deben proteger el derecho a incomodar al poder.
Cuando el Estado comienza a analizar sistemáticamente lo que los ciudadanos dicen sobre él, el equilibrio entre seguridad y libertad se vuelve delicado.
Otro elemento invita a la prudencia: el momento elegido para lanzar la iniciativa.
En política, los relatos importan tanto como las decisiones. Crear un gran debate sobre el odio en redes puede servir también para desplazar la conversación pública hacia un terreno emocional mientras otros asuntos —judiciales, económicos, sociales o institucionales— quedan temporalmente fuera del foco.
No sería la primera vez que el poder intenta lanzar una cortina de humo que distraiga el debate de la calle de lo verdaderamente preocupante.
Si el objetivo real fuera reducir la violencia digital, quizá habría que empezar por una cuestión mucho más incómoda: el anonimato en las redes sociales.
Gran parte de los insultos más brutales se producen desde cuentas anónimas o perfiles falsos. La ausencia de responsabilidad directa convierte la agresión verbal en un juego sin consecuencias.
Eliminar o limitar ese anonimato sería una medida mucho más eficaz que crear un sistema de vigilancia estatal. Pero también sería una decisión compleja, con implicaciones en privacidad y seguridad que exigirían un debate profundo.
Combatir el odio es una causa legítima. Pero vigilar el pensamiento ciudadano nunca lo es.
Las democracias sólidas no temen la crítica. Incluso cuando esa crítica es incómoda, injusta o exagerada. El precio de la libertad de expresión siempre ha sido aceptar un cierto grado de ruido, de exceso y de desorden verbal.
La pregunta, por tanto, no es si debemos combatir el odio —eso ya lo establece la ley—sino si la creación de una plataforma como HODIO fortalece realmente la convivencia o abre la puerta a un nuevo instrumento de control político.
Porque cuando el poder decide vigilar el lenguaje de los ciudadanos, la línea entre proteger la democracia y limitarla puede volverse peligrosamente delgada.
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