Los informes que no existen

Don Luis Seco , haciendo una buena pregunta

 

Luis Seco de Lucena

04/09/2026

Artículo de opinión

Hay informes que existen. Informes que no existen. Informes que existen, pero no dicen exactamente lo que algunos aseguran que dicen. Hay avisos que no son informes, informaciones verbales que, por lo visto, tampoco cuentan como avisos y documentos que aparecen cuando ya ha pasado todo. Y entonces surge una pregunta bastante incómoda: ¿quién sabía qué y desde cuándo?

Bienvenidos al laberinto de Ceuta, un lugar donde cada puerta conduce a otra explicación y cada explicación parece redactada cuidadosamente para que nadie encuentre nunca la salida.

Durante semanas hemos escuchado que nadie pudo prever lo ocurrido, que no existía información capaz de anticipar una entrada de aquellas dimensiones, que aquello fue imprevisible. Una avalancha repentina. Un fenómeno que creció en cuestión de horas hasta desbordar una frontera, una ciudad y, de paso, el relato oficial.

Pero entonces comparece Margarita Robles. Y su rostro no es precisamente el de quien está explicando una anécdota administrativa. Hay gravedad en sus palabras y, sobre todo, una afirmación fundamental: el CNI trabajaba sobre el terreno y, el día anterior, había trasladado información sobre una convocatoria para entrar a nado en Ceuta.

¿En qué quedamos?

Porque mientras Defensa reconoce que hubo información previa, Interior insiste en que no existió ningún informe que permitiera anticipar lo que finalmente sucedió.

Quizá el problema esté en las palabras: informe, aviso, información, alerta… Llámelo usted como quiera.

Si alguien advierte de que al día siguiente pueden producirse entradas por la frontera, lo verdaderamente importante para el ciudadano no es si aquello llevaba membrete, sello, número de registro y tres clips en la esquina superior izquierda. Lo importante es saber qué hizo el Estado con esa información.

Porque una frontera no se protege con semántica. Se protege con inteligencia, coordinación, previsión y medios.

Y ahí comienza el verdadero problema.

No estamos discutiendo únicamente sobre papeles. Estamos hablando de responsabilidad política. La cuestión es sencilla, aunque desde el Gobierno parezcan empeñados en convertirla en una ecuación de física cuántica: si lo sabía, ¿qué hizo? Y, si no lo sabía, ¿por qué no lo sabía?

Si el Gobierno recibió advertencias suficientemente relevantes y no adoptó las medidas necesarias, deberá explicar por qué. Y si los organismos del Estado manejaban información que no llegó a quienes tenían que tomar las decisiones, entonces estamos ante un fallo de coordinación de una gravedad extraordinaria.

No hay una tercera puerta mágica por la que escapar.

Y ahora aparece, además, otro documento: un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la autoridad judicial que describe indicios de planificación y recoge actuaciones de gendarmes marroquíes que habrían orientado a grupos de migrantes hacia determinados puntos de entrada.

Y entonces sucede algo casi surrealista. El ministro del Interior pide saber desde cuándo conocía la Policía esa información. Es decir, el responsable político de Interior pregunta a sus propios responsables policiales cuándo supieron algo que ahora considera absolutamente esencial.

La escena resulta difícil de mejorar: el capitán preguntando desde el puente quién sabía que había un iceberg delante cuando el barco ya tiene el casco abierto.

Aquí está el corazón del problema.

No necesitamos saber solamente si existió “el informe”. Necesitamos conocer toda la cadena de información: qué se detectó, cuándo se detectó, quién lo comunicó, a quién, qué valoración se hizo, qué decisiones se adoptaron y por qué.

Porque, cuando está en juego la seguridad de una frontera española, la Administración no puede jugar al escondite entre ministerios.

Robles dice una cosa. Marlaska matiza otra. La Delegación del Gobierno introduce una tercera versión. La Policía dispone de documentación que obliga al ministro a pedir explicaciones. Y, mientras Madrid discute sobre la naturaleza metafísica de un informe, Ceuta ha tenido que enfrentarse a la realidad.

Porque Ceuta no es un expediente. Ceuta tiene calles, colegios, comercios y familias. Tiene policías, guardias civiles, militares, sanitarios y funcionarios que no pueden proteger una ciudad con una rueda de prensa. Y tiene ciudadanos que merecen algo bastante elemental: saber toda la verdad. Aunque incomode, aunque derribe relatos, aunque obligue a asumir responsabilidades. Hay momentos en los que gobernar consiste precisamente en eso: en ponerse delante y decir “esto sabíamos, esto hicimos y aquí nos equivocamos”.

Robles, al menos, reconoció que se llegó tarde. Otros parecen seguir buscando refugio detrás del diccionario. Pero las palabras no levantan fronteras ni reparan errores.

Y cuando las versiones oficiales empiezan a chocar entre sí, aparece inevitablemente la sospecha. No necesariamente la de una conspiración, que para eso ya tenemos suficiente imaginación nacional, sino la de algo quizá más sencillo y, precisamente por eso, más preocupante: descoordinación, imprevisión y miedo a reconocer responsabilidades.

Por eso, la cuestión política ya no puede reducirse a discutir si existió un informe con ese nombre exacto. La pregunta es mucho más seria:

¿Funcionó el Estado?

Porque, si existían señales y fueron ignoradas, alguien debe responder. Si existían señales y no llegaron a los responsables políticos, alguien debe responder. Y si nadie fue capaz de interpretar lo que estaba ocurriendo ante una frontera que ya había sufrido una crisis semejante en 2021, alguien debe responder también.

La responsabilidad política consiste precisamente en eso: en responder. No en esconderse detrás de un sustantivo: “Informe”.

El Gobierno puede continuar discutiendo quién recibió qué papel, quién escuchó qué advertencia y si aquello era un informe, una nota, una comunicación verbal o un comentario entre organismos. Pero hay algo que no se puede convertir en papel mojado: Ceuta.

España tiene derecho a defender sus fronteras, su integridad territorial y los intereses de sus ciudadanos sin pedir perdón por ello. Exactamente igual que cualquier otro país.

Si, después de una crisis de esta magnitud, se demostrara que hubo información relevante que no fue atendida, que se ocultó o que fue administrada de manera negligente, la responsabilidad no podría despacharse con otra comparecencia ni con otra guerra de versiones.

Tendría consecuencias políticas. Y, a mi juicio, llegado ese extremo, la única salida digna para el Gobierno sería asumirlas: dimitir y convocar elecciones.

Que hablen los ciudadanos.