Prioridad nacional Vs Primero nuestra gente

 

Luis Seco de Lucena

05/08/2027

Artículo de opinión

Hay expresiones que, por sí solas, parecen capaces de dividir una sobremesa, incendiar una tertulia o convertir una conversación tranquila en una batalla de trincheras. “Prioridad nacional” es una de ellas. “Primero nuestra gente”, curiosamente, suele provocar menos sobresaltos. Y, sin embargo, si uno aparta durante un instante las siglas, las simpatías y las antipatías políticas, descubre que ambas fórmulas comparten un mismo tronco. Cambia el tamaño del mapa. Poco más.

La primera habla de España. La segunda, de Canarias. Una pone el foco en la nación; la otra, en el territorio insular. Pero las dos parten de una idea semejante: que los recursos públicos, la acción política y las decisiones de quienes gobiernan deben atender antes a la comunidad a la que representan. Hasta ahí, el debate podría ser perfectamente legítimo.

Lo curioso empieza cuando entran en escena los árbitros de la moral política, esos que llevan el silbato siempre preparado… aunque sólo pitan las faltas del equipo contrario. Entonces aparece un fenómeno muy español y, en Canarias, especialmente llamativo: la misma idea cambia de naturaleza según quién la pronuncie.

Si la expresión “prioridad nacional” sale de la boca de VOX, no faltan quienes la envuelven inmediatamente en un catálogo de etiquetas que ya conocemos de memoria. No hace falta discutir el contenido. Basta con colocar el sello correspondiente y asunto resuelto. El pensamiento queda archivado antes incluso de haber sido leído. La etiqueta sustituye al argumento con la misma eficacia con la que una persiana baja deja una habitación sin luz.

Pero si otro partido proclama “primero nuestra gente ”, el tono cambia. Entonces se habla de sensibilidad social, de defensa del territorio, de protección de los vecinos o de responsabilidad institucional. La frase deja de ser sospechosa para convertirse casi en una obligación política. Resulta difícil no percibir la contradicción.

Porque, al final, ¿qué diferencia existe, más allá del ámbito territorial? Una prioriza a los ciudadanos de España; la otra, a los ciudadanos de Canarias. Una amplía el círculo; la otra lo reduce. La lógica de partida es prácticamente idéntica. Lo que cambia no es el principio, sino la geografía.

Y ahí aparece una de esas paradojas tan habituales en nuestro tiempo. Hay quien condena el nacionalismo cuando ocupa toda la península, pero lo celebra cuando cabe dentro de un archipiélago. Como si las ideas cambiaran de naturaleza al cruzar el estrecho o al aterrizar en un aeropuerto insular.

Es una curiosa alquimia política. El mismo metal se convierte en oro o en plomo dependiendo de quién lo sostenga entre las manos.

Las palabras no deberían ser juzgadas únicamente por el logotipo que las acompaña. Si una idea es moralmente inaceptable, debería serlo con independencia del partido que la defienda. Y si resulta razonable proteger prioritariamente a la población a la que un gobierno representa, ese criterio tampoco debería cambiar según el color del cartel electoral.

Lo contrario nos instala en una política de espejos deformantes. Unos ven monstruos donde otros contemplan héroes. La realidad deja de importar. Lo único decisivo es quién habla.

Vivimos una época en la que las consignas pesan más que los principios. Muchos ya no analizan las palabras: identifican primero al mensajero y después redactan el juicio. Es el equivalente político a decidir si un libro es bueno mirando únicamente el nombre del autor. Un método extraordinariamente cómodo para evitar el esfuerzo de pensar. Al fin y al cabo, el pensamiento crítico exige trabajo, mientras que el prejuicio apenas requiere memoria.

Canarias conoce especialmente bien el valor de los recursos limitados, de la presión sobre los servicios públicos, de las dificultades para acceder a una vivienda o de las tensiones que soportan muchas administraciones locales. En ese contexto, reclamar que las instituciones atiendan primero las necesidades de quienes viven aquí puede parecer perfectamente lógico para muchos ciudadanos. Exactamente igual que otros consideran razonable que un Estado priorice a quienes forman parte de él.

El debate auténtico no consiste en demonizar una expresión y aplaudir la otra. Consiste en preguntarse hasta dónde llega esa prioridad, cómo se aplica, dentro de qué marco legal y respetando qué derechos. Ahí está la discusión seria. Todo lo demás pertenece al territorio de los eslóganes y las descalificaciones.

Porque la hipocresía tiene una habilidad extraordinaria: cambia de disfraz con enorme facilidad. Hoy viste una bandera regional; mañana una bandera nacional. Pero sigue siendo la misma actriz interpretando papeles distintos sobre el mismo escenario.

Quizá haya llegado el momento de exigir un poco más de coherencia. Si la prioridad nacional merece repudio por el simple hecho de establecer preferencias hacia la comunidad política propia, también habría que cuestionar cualquier prioridad basada exclusivamente en un ámbito territorial menor. Y si, por el contrario, entendemos que un gobierno tiene la obligación de atender primero a quienes representa, entonces ese principio debería analizarse con el mismo rasero, sin importar el tamaño del mapa ni las siglas que lo pronuncien.

La coherencia no entiende de fronteras. La doble vara de medir, sí. Y esa suele ser la frontera más difícil de cruzar.