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lunes, 11 de agosto de 2014

El Ministerio de Medio Ambiente autoriza la explotación privada de las visitas a las Cuevas de Ajuy











  • El Cabildo reclama toda la información y advierte de su oposición a cualquier actividad que limite el acceso libre y los usos tradicionales
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Canarias, ha autorizado la actividad de visitas guiadas en las cuevas de Ajuy a una empresa privada, según se desprende de una comunicación remitida con fines informativos desde el Ministerio al Cabildo de Fuerteventura.
Esta comunicación detalla que Costas ha decidido autorizar con fecha 30 de julio de 2014 <<la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con la visita guiada y controlada del espacio comprendido en el ámbito del Monumento Natural de Ajuy>>, en Pájara. El plazo de la autorización es de un año a partir de la notificación de la resolución. Al titular de la autorización se le exige, previamente a la ejecución de las obras, abonar al tesoro Público una tasa de canon por ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre (1.343 euros anuales). Todo ello, teniendo en cuenta que el terreno ocupado será de 120 m2. Según consta en el escrito, la solicitud se presentó en Costas en noviembre del pasado año.
El entorno de las cuevas de Ajuy tiene las siguientes consideraciones: Espacio Natural Protegido, Zona Especial de Protección Para las Aves, Área de sensibilidad ecológica, Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de tránsito de seis metros a partir del Dominio Público Marítimo Terrestre. “Pero sobre todo es un área por la que transitan desde hace muchas décadas vecinos y visitantes, con un importante valor social y patrimonial que debemos respetar, y en la que difícilmente se justifica la limitación del libre tránsito y el cobro de entradas”, consideró el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.
De cualquier forma, las actividades a desarrollar, además de la concesión de Costas, requieren de proyecto o documentación física relativa, Estudio de impacto ambiental por ser un área de sensibilidad Ecológica, Informe de compatibilidad con espacio natural, licencia de actividad económica, etc.
Nada más recibir la comunicación, el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con el Ayuntamiento de Pájara, se dirigió por escrito al Ministerio reclamando toda la información relacionada con esta resolución, los requisitos, condiciones particulares, terreno a ocupar, posibles instalaciones y obras, etc., a fin de poder actuar en consecuencia.
“Aún no hemos recibido la respuesta del Ministerio con la información solicitada, pero es cuanto menos preocupante que se actúe de esta forma, sin consultar previamente a los afectados. Más aún sabiendo los problemas que se han generado con los precedentes recientes de este tipo de actividades en el entorno de las cuevas de Ajuy. Queremos esperar a tener toda la información, pero si se trata del mismo tipo de actuación que el año pasado, volveremos a actuar”, adelantó el presidente del Cabildo de Fuerteventura.
Un año después
Hace poco más de un año, el pasado 1 de julio de 2013, los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura remitieron a Costas varias denuncias relativas a la ocupación y utilización irregular del dominio público marítimo terrestre por una empresa que impedía el libre acceso a las Cuevas de Ajuy, cobrando entadas a los visitantes.
Todo ello, atendiendo a que la propia Ley de Costas establece que “la utilización del dominio público marítimo-terrestre será libre, pública y gratuita para los usos comunes acordes con la naturaleza de aquel” salvo que hubiera existido una concesión de uso. Concesión que en 2013 no existía.
Se advertía que ante tales denuncias y visto que la parte denunciada no aporta justificación para su actuación, Costas debía proceder al precintado de las obras o instalaciones. Y que además para hacer efectiva esta paralización, prohibición o suspensión, así como para la recuperación de oficio del dominio público, Costas podía recurrir si era necesario a la colaboración de la fuerza pública.
Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio el Cabildo optó el 15 de julio de 2013 por trasladar la información a la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias, tras lo que finalmente se suspendió la actividad y ya se pudo de nuevo a volver a acceder libremente a la zona.

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