Sin moral ambiental: La «Estación Fantasma», los coches abandonados y la doble vara de medir del Ayuntamiento

Imagen de archivo de Teldehabla

Artículo de opinión

Domingo Rigüela Padrón

En una charla informal —qué pena que los medios de comunicación locales hayan ido arrinconando el clásico formato de tertulia— con un gran profesional de la gestión de residuos en Canarias, analizábamos la deficiente gestión municipal de residuos en la isla de Gran Canaria.

Tras repasar los flagrantes vicios de nulidad que presentan los avisos colocados el pasado 23 de agosto en once vehículos abandonados en la calle Sagunto —adhesivos en blanco, carentes de fecha, matrícula o número de agente, en clara contravención de los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común—, la conversación dio un giro aún más preocupante.

Mi interlocutor me hizo reparar en un problema de mayor calado: el almacenamiento incontrolado de residuos domésticos y vehículos de titularidad municipal abandonados en la antigua estación de guaguas, reconvertida ya en una auténtica «Estación Fantasma».

Hablamos de residuos peligrosos. Ninguno de estos vehículos ha sido descontaminado y algunos acumulan décadas abandonados en el mismo emplazamiento. Conviene recordar que, según los artículos 21 y 23 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el plazo máximo legal para almacenar este tipo de residuos es de seis meses, prorrogable a doce previa autorización expresa del Gobierno de Canarias.

A pesar de los años transcurridos y de los reiterados incendios registrados en el recinto —donde los lixiviados y contaminantes han ido filtrándose al suelo sin control alguno, arrastrados por la lluvia y por el agua empleada en las tareas de extinción—, ninguna administración ha tomado cartas en el asunto.

La potestad sancionadora en esta materia corresponde al Gobierno de Canarias. Sin embargo, a pesar de las constantes noticias publicadas en prensa local e incluso emitidas en la RTVC, la administración autonómica sigue sin darse por aludida ni exige al Ayuntamiento la derivación y gestión urgente de estos vehículos en un Centro Autorizado de Tratamiento (CATV).

Resulta inadmisible que las administraciones públicas pretendan fiscalizar, sancionar o impartir lecciones a la ciudadanía sobre el cuidado del entorno cuando son ellas mismas las primeras en vulnerar la legislación ambiental. ¿Con qué solvencia o autoridad moral va a exigir este Ayuntamiento a cualquier vecino que cumpla con las ordenanzas o gestione adecuadamente sus residuos, mientras mantiene una escombrera de vehículos peligrosos contaminando el suelo en la «Estación Fantasma» a la vista de todos?

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