Emergencia nacional... y política

 

Lo importante no son los políticos

Luis Seco de Lucena

Artículo de opinión

Hay un olor que no entiende de ideologías. Es el olor de la madera quemada, de la tierra calcinada, del ganado perdido y de los recuerdos convertidos en ceniza. Es el olor de un país que vuelve a mirar al horizonte buscando una columna de humo, con el temor de que el siguiente incendio esté a unos kilómetros de casa.

El campo se quema. Se queman bosques que tardaron décadas en crecer. Arden cultivos que daban de comer a familias enteras. El fuego devora viviendas con la misma indiferencia con la que arrasa montes, caminos y sueños. Miles de personas abandonan sus casas con lo puesto, sin saber si encontrarán algo cuando puedan regresar. Y, lo peor de todo, hay ocasiones en las que el incendio también reclama vidas. Ninguna estadística es capaz de explicar el vacío que deja una silla vacía en una mesa. Eso sí es una emergencia nacional.

Lo que ya cuesta más comprender es otra emergencia, mucho menos visible, pero igual de devastadora para la confianza de los ciudadanos: la emergencia política.

Resulta desolador comprobar cómo, mientras las llamas avanzan alimentadas por el viento, algunos responsables públicos parecen más preocupados por alimentar otro incendio: el del enfrentamiento partidista. Apenas aparecen las primeras imágenes del desastre y comienza la competición. Quién llegó antes. Quién tiene la culpa. Quién pidió ayuda. Quién tardó más. Quién gestionó peor. Quién puede sacar un titular que desgaste al adversario. Como si el humo tuviera siglas.

Es una escena que se repite con una puntualidad insoportable. Mientras los vecinos forman cadenas para salvar una vivienda, mientras los bomberos llevan jornadas interminables sin apenas descanso, mientras los agentes de emergencias arriesgan su vida entre llamas imprevisibles, en los despachos se libra otra batalla mucho más cómoda: la de la rentabilidad política. Y esa también deja víctimas.

Porque cada minuto dedicado a discutir competencias es un minuto que no se dedica a coordinar recursos. Cada rueda de prensa convertida en un intercambio de reproches transmite una sensación de abandono a quienes lo han perdido todo. Quien contempla desde una carretera cómo el fuego consume su casa no necesita un debate competencial. Necesita ayuda. Rápida, eficaz y suficiente.

Las llamas no preguntan si el monte pertenece a una comunidad autónoma o a otra. El fuego no distingue entre administraciones locales, regionales o estatales. Corre donde encuentra combustible. Y la respuesta debería hacerlo igual: sin fronteras administrativas ni cálculos electorales.

España dispone de profesionales extraordinarios. Bomberos forestales, miembros de la UME, agentes medioambientales, Guardia Civil, policías, sanitarios, voluntarios... Personas que demuestran, una vez más, que el mejor país aparece cuando el peor momento llama a la puerta. Lo que muchas veces falla no son ellos. Es la arquitectura política que convierte cada crisis en un tablero donde algunos siguen jugando una partida mientras alrededor todo arde.

Las llamas son como un animal salvaje. Cuando despiertan, no esperan a que alguien firme un papel, convoque una reunión o envíe una solicitud formal. Avanzan. Devoran. Destruyen. Por eso sorprende que, en pleno siglo XXI, todavía existan procedimientos que parecen diseñados para incendios burocráticos y no para incendios reales.

Quizá haya llegado el momento de declarar otra emergencia nacional. No una jurídica, sino moral y política. La emergencia de recuperar el sentido común. La de recordar que gobernar consiste, antes que nada, en proteger a las personas. La de entender que hay tragedias que deberían suspender cualquier cálculo electoral.

Porque el ciudadano no pregunta de qué administración depende el helicóptero que acaba de salvar su pueblo. Solo agradece que haya llegado a tiempo.

España necesita un verdadero plan nacional de emergencias frente a los grandes incendios. Un sistema estable, dotado con los medios humanos y materiales necesarios, con protocolos ágiles, coordinación permanente entre todas las administraciones y capacidad de actuación inmediata allí donde el riesgo lo exija. Ante una desgracia de esta magnitud no debería ser necesario esperar a que alguien solicite ayuda. Cuando un país arde, la respuesta debe ponerse en marcha con la misma rapidez con la que avanzan las llamas.

Porque los bosques pueden volver a crecer. Las casas pueden reconstruirse. Incluso las heridas terminan cicatrizando.

La confianza de los ciudadanos, cuando se convierte también en ceniza, tarda mucho más en renacer.