Desde hace años el sistema de pensiones públicas está siendo sometido a una verdadera campaña de acoso y derribo, mediante un discurso catastrofista basado en una verdad a medias. Este discurso insiste esencialmente en que dentro de 20 o 30 años va a haber muchos más pensionistas que ahora, debido a que la esperanza de vida de la población se ha alargado, al mismo tiempo que habrá muchos menos trabajadores que con sus cotizaciones hagan posible el cobro de prestaciones similares a las actuales. La conclusión es que hay que reformar el sistema, es decir, recortar la cuantía de las pensiones.
¿QUÉ HAY DE LA INMIGRACIÓN?.- El argumento tal cual puede parecer convincente, pero sólo funciona si se acepta un supuesto muy discutible: El de que el volumen del empleo de un país viene dado tan sólo por la cantidad de población local en edad de trabajar. Aceptemos que es cierto que en los próximos años se jubilará mucha gente. Esto dejaría un enorme hueco de empleos en muchas empresas y a menos que éstas decidieran emigrar a otros países o directamente cerrar, lo más probable es que este vacío genere un efecto llamada de nuevos inmigrantes, que cubrirán las vacantes que dejan sin cubrir los trabajadores autóctonos. De hecho, el mismo envejecimiento de la población tenderá a generar una demanda de servicios de cuidados que, como está demostrado, influye directamente en el efecto llamada.
Esto demuestra que sólamente con variables demográficas el argumento de la insostenibilidad de las pensiones no se mantiene. Es necesario, eso sí, preparar a la población local y a las instituciones para que la nueva oleada migratoria que se avecina se haga en condiciones de dignidad, justicia y convivencia adecuadas.
LA CRISIS ACTUAL.- Esto sería de cara al futuro, pero es que las pensiones están en crisis actualmente y si la Seguridad Social ha entrado en déficit estos últimos años, no se ha debido a que haya muchos jubilados –y vivan más de la cuenta–, coincidiendo esto con pocos trabajadores. Todo lo contrario, como señalan los demógrafos Pau Miret y Pilar Zueras, “la pirámide de edad en España no está envejecida”. Las edades en las que en estos momentos hay más población están entre los 38 y los 59 años (las citadas generaciones del baby boom) y se encuentran, por tanto, en plena etapa laboral. Es decir, ahora no faltan trabajadores, lo que falta es trabajo.
¿Por qué? Fundamentalmente por las políticas antilaborales y antisociales promovidas por el PP desde su entrada en el Gobierno en diciembre de 2011. La profunda crisis económica que sufrimos desde el año 2008 ha sido aprovechada para crear una crisis concreta en el sistema público de pensiones. Lo mismo que ha ocurrido en otros sectores y servicios del estado de bienestar, como la sanidad, la enseñanza e incluso el mismo derecho a la vivienda y el trabajo dignos.
EN ESO LLEGÓ EL PP.- Como apunta el periodista Edmundo Fayanas en el diario digital Nueva Tribuna (22-8-2016), resulta sorprendente que hasta finales de 2011, con el Gobierno de Zapatero dando los últimos coletazos, con cuatro años de crisis y con una cifra de paro que ya llegaba a los cuatro millones y medio de personas, el sistema de pensiones no sólo no tuviera déficit, sino que incluso se hiciera aportaciones al Fondo de Reserva, que alcanzó en ese momento su cima de 66.815 millones de euros.
Fue con la llegada del PP al Gobierno, en diciembre de dicho año, cuando el sistema público empezó a tener déficit en los ingresos, se dejó de hacer aportaciones al Fondo de Reserva y se empezó a sacar dinero del mismo en grandes cantidades, muy por encima del 3% que según el Pacto de Toledo era permisible en momentos difíciles. Así, en los cuatro años de mayoría absoluta de Rajoy la “hucha de las pensiones” ha quedado reducida de los 66.815 millones de euros de que partía a unos exiguos 15.195 millones, que se acabarán dentro de unos meses con la paga extra de julio.
UNA CRISIS CREADA.- ¿Ha sido esta una crisis propia del sistema o ha sido creada?, se pregunta el autor citado, para concluir: “la respuesta es clara, se ha creado una crisis de las pensiones públicas, para así favorecer a los fondos de pensiones privados”. A continuación Fayanas enumera algunos aspectos que reafirman esta conclusión.
En sus cuatro años de gobierno, el PP ha recortado los ingresos de la Seguridad Social en 69.847 millones de euros. Esta cantidad se podría haber recaudado con otra política económica. Lo que se ha hecho es transferir ese dinero público a la empresa privada. Esta cifra hay que desglosarla de la siguiente forma:
- La destrucción de puestos de trabajo, los contratos precarios, horas extraordinarias no declaradas, han supuesto 32.966 millones de euros de reducción de ingresos.
- Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto 21.106 millones de ahorro a las empresas a cambio de crear empleo precario e inestable.
- El pago atrasado con cargo a los Presupuestos de los complementos de las pensiones mínimas ha supuesto 3.666 millones.
- Las cotizaciones perdidas por cuotas de ciudadanos no profesionales, por los recortes en la Ley de Dependencia, han supuesto en estos cuatro años 4.109 millones.
- Las exenciones fiscales a los fondos privados de pensiones han supuesto una merma de recaudación de 8.000 millones en estos cuatro años.
MEDIDAS DIRECTAS CONTRA LOS PENSIONISTAS.- Además, el Gobierno de Rajoy ha impuesto dos medidas que afectan directamente a los pensionistas.
1) La reforma laboral, que ha provocado un abaratamiento en el despido de trabajadores, masivo estos cuatro años, ocasionando al mismo tiempo una rebaja salarial media entre el 15 y el 20%. A ello hay que unir, que el empleo que se está creando es de baja calidad, temporal, inestable y con salarios misérrimos, que hace que las cotizaciones sociales sean muy bajas en relación a antes de la crisis. El PP se jacta de que en la actualidad se ha recuperado el empleo anterior a la crisis, pero no explica por qué los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han crecido tan sólo un 1%, lo que no cubre el incremento de los gastos, que asciende al 3% anual.
2) La reforma del sistema de pensiones con el objetivo de que el gasto sea menor y, consiguientemente, las prestaciones sean más bajas. Otro impulso más a que los trabajadores y trabajadoras que puedan suscriban seguros privados, que complementen sus exiguas pensiones.
Con estas medidas las pensiones públicas han empeorado de manera sensible: Para los futuros pensionistas, mediante el aumento de la edad de jubilación y el endurecimiento de las condiciones de acceso a una prestación, de tal manera que los que lleguen a obtenerlas (con la actual situación del trabajo, una gran mayoría ni eso), sus pensiones serán de verdadera miseria; y para los ya jubilados, congelando en la práctica sus prestaciones, al eliminar la equiparación al Índice de Precios al Consumo (IPC) como fórmula de revalorización, a cambio de subirlas tan sólo el 0,25% anual. En los dos últimos años la inflación negativa, ha hecho que los efectos de dicha congelación pasaran algo desapercibidos (excepto en aspectos como la cesta de la compra, por ejemplo), pero ahora que el IPC ha subido el 1,6 %, la pérdida de poder adquisitivo, que significa la revalorización del ridículo 0,25% impuesto será notable. Su objetivo es que para el 2025 las pensiones actuales hayan bajado un 25 %
Si a esto le añadimos la introducción dentro de dos años del que han llamado Factor de Equidad Intergeneracional (poner nombres rimbombantes y engañosos sí que saben), según el cual las pensiones se modificarán a medida que aumente la esperanza de vida y lo permitan las circunstancias económicas, el panorama es verdaderamente tenebroso.
VOLVEMOS AL PRINCIPIO.- Ante todo esto, el argumento de la demografía como determinante en el mantenimiento de las pensiones cae por su propio peso. La demografía no es el factor principal en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Es un factor a tener en cuenta, pero no es el más importante. El principal es la creación de riqueza y –tanto o más esencial– su redistribución. Si la Seguridad Social ha entrado en déficit estos últimos años es por la desigual distribución de la renta entre salarios y capital, porque la crisis se está aprovechando por los sectores dominantes para acabar con los derechos y servicios sociales del llamado estado de bienestar.
Es cierto que en el futuro habrá más pensionistas, pero no lo es menos que si entonces los salarios fueran más altos, si hubiera más empleo y más masa salarial, si aumentara la tasa de trabajo femenino, si se combatiera con eficacia la economía sumergida y si se llevara a cabo una reforma fiscal progresiva, las pensiones públicas serían perfectamente sostenibles, porque habría dinero para pagarlas. El mismo que hoy se están llevando exclusivamente los ricos y poderosos, que compran a los gobiernos y hunden a los pueblos.
* Ayala Armas es presidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias
POR JULIAN AYALA ARMAS (*) / CANARIAS SEMANAL.COM
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