El borrador del nuevo decreto que regulará el alquiler turístico en las Islas descarta la posibilidad de desarrollar esta actividad en las viviendas para las que se solicite licencia de construcción después de que la norma entre en vigor. El documento, que recibirá alegaciones de particulares y administraciones durante las próximas semanas, propone mantener como zonas de exclusión las áreas de las Islas en las que se concentra el grueso de la actividad alojativa, si bien deja en manos de cabildos y ayuntamientos la posibilidad de establecer excepciones; también en el caso de nuevas edificaciones.
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano (CC), calificó la norma como "flexible" y aseguró que incorpora la experiencia adquirida desde 2015 "a raíz de la percepción que tiene la sociedad". Desde la irrupción de esta nueva modalidad alojativa, el debate se ha polarizado -no solo en Canarias- entre los propietarios y empresas que ponen en el mercado las viviendas vacacionales, de un lado, y movimientos vecinales, empresas turísticas y particulares que buscan una casa en la que vivir en régimen de arrendamiento, del otro.
Los últimos alertan de los riesgos que genera la turistificación de sus barrios, el peligro que corre la imagen de calidad del destino o los altos precios que han adquirido en los últimos tiempos los alquileres residenciales y su escasez, entre otras cuestiones. Las posturas están lo suficientemente alejadas como para no contentar a nadie.
La principal novedad que aporta este decreto con respecto al de mayo de 2015 aprobado por el anterior Gobierno regional es la potestad que tienen cabildos, a través del planeamiento insular, y ayuntamientos, con el urbanismo municipal, de torcer las prohibiciones que pretende fijar el nuevo texto. Con ello, el Ejecutivo se adapta "a las realidades del territorio", en palabras de Castellano.
Siete realidades
La filosofía de la regulación es la misma que presidió la Ley del Suelo: siete realidades distintas que aconsejan dejar en manos de las administraciones locales el detalle de la implantación del alquiler vacacional. Claro que no siempre los ayuntamientos son capaces de gestar en un plazo razonable su desarrollo urbanístico.
Por ejemplo, abundan las voces contra este borrador en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), patronal del sector alojativo de Las Palmas. Precisamente sostienen que no hay apertura de mano con respecto al pasado, ya que al alquiler vacacional está vetado en toda la zona turística hasta la aprobación que unos planes de ordenación municipal que amenazan con no llegar nunca al Sur de Gran Canaria. El temor de estos empresarios es el futuro de los complejos turísticos que han quedado fuera del mercado y ahora también del alquiler vacacional, con riesgo de generar un nicho de ilegalidad.
Por otra parte, el decreto también protege a las viviendas dedicadas al alquiler turístico que estén plenamente regularizadas cuando esta nueva norma entre en vigor. La disposición transitoria cuarta les confiere la "situación legal de consolidación" sin que las posteriores decisiones de cabildos y ayuntamiento puedan obligarles a cerrar.
Cuantitativamente, el borrador considera que se está ejerciendo el alquiler turístico cuando se produzca "la cesión de la vivienda, dos o más veces dentro del periodo de un año". También realiza una distinción entre los propietarios que ponen en el mercado un máximo de dos viviendas y quienes lo hacen con tres o más. La actividad de estos últimos tiene "carácter profesional", lo que les obliga a contratar personal y cumplir los convenios colectivos. Según el consejero regional de Turismo, esto permite también garantizar una oferta "en condiciones".
El decreto no tendrá efecto sobre La Palma, La Gomera y El Hierro, ya que la conocida como Ley de las Islas Verdes, que regula el desarrollo turístico de las tres, permite el alquiler vacacional con independencia de la calificación que tenga el suelo. Sin embargo, Isaac Castellano puntualizó que sí están afectadas las viviendas que hoy están fuera de ordenación, en las que no tendrá cabida este negocio si están en zonas turísticas. No obstante, de nuevo los instrumentos de planeamiento y ordenación territorial podrán establecer excepciones.
FUENTE: http://www.laprovincia.es/economia/2018/05/22/turismo-impide-alquiler-vacacional-viviendas/1060494.html
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