Señora Consejera de Sanidad, no se puede estar más entregada a los poderes económicos, en este caso la compañíaCepsa. Y lo mismo cabe decir del Director general de Salud Pública, ¡qué falta de profesionalidad, de independencia científica y política! Y más en momentos en que no paran de hacer campaña sobre las supuestas bondades del borrador de Plan de Salud. Pues bien, en este debe figurar un diagnóstico de salud del territorio que no puede excluir el hecho cierto y demostrado científicamente de la contaminación por dióxido de azufre y partículas ultrafinas que emite la Refinería. Lo saben y lo informan los profesionales de la Salud Pública, avalados además por estudios como los del Hospital Universitario de Canarias y del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, y también se tiene constancia de la asociación de tales emisiones con la mayor incidencia y prevalencia de cardiopatías y otras patologías en Santa Cruz de Tenerife.
Este equipo deberá presentar un informe sobre "la incidencia de episodios de agravamiento y la mortalidad vinculada directamente a las partículas y compuestos expulsados a la atmósfera" y un documento en el que se analice la "incidencia que los incumplimientos de los valores límites de la calidad del aire puedan tener en la salud de las personas tanto en una exposición breve como prolongada".
Ante los problemas de salud pública en un mismo territorio intervienen diversos actores (administraciones y otras organizaciones públicas y privadas), cada uno de ellos con sus propios intereses y estrategias incluso enfrentadas como en este caso, o si no lo están actuando de forma generalmente descoordinada y con frecuencia desconocedores de sus respectivas acciones, lo cual repercute en una notable pérdida de efectividad.
En cuanto a Cepsa, como mínimo, tanto que hablan de "responsabilidad social corporativa",debe participar en una necesaria Comisión de Salud Pública específica sobre contaminación, junto con Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias (industria, medioambiente y sanidad), sindicatos, sociedades científicas, colectivos vecinales y organizaciones políticas para mediante los correspondientes grupos de trabajo llegar a establecer objetivos operativos que den solución mancomunada a la problemática planteada. Evidentemente, con dichos objetivos operativos habrá de ponerse coto, en el grado que sea posible conforme a la correlación de fuerzas de los sectores y organizaciones en presencia, al modelo productivo e industrial capitalista. Y si no se avienen a ello, en contra de un posible consenso ampliamente mayoritario, por intereses mezquinos, habrá de ser ese amplio consenso, además de la reclamada resolución judicial, lo que fuerce su salida de la ciudad santacrucera, debiéndose adoptar las correspondientes medidas correctoras de los efectos negativos que podrían tener lugar sobre el empleo.
Esto podríamos considerarlo como un caso concreto de abordaje participativo e intersectorial de los problemas de salud pública. Una buena alternativa organizativa y de gestión en este sentido es la creación de "redes de organizaciones", en especial de ámbito territorial y local, entendiendo el concepto de red como lo definió Castells: "complejas estructuras de comunicación establecidas en torno de un conjunto de objetivos que garantizan, al mismo tiempo, unidad de propósito y flexibilidad en su ejecución gracias a su capacidad para adaptarse al entorno operativo".
Para el caso que nos preocupa de la Refinería de Cepsa se precisa una actuación decidida en dicha línea y particularmente con un sólido liderazgo y orientación por parte de los responsables de Salud Pública, de modo que Cepsa se vea obligada ineludiblemente a hacer frente a su llamada "responsabilidad social" o a irse. Este debe ser el camino para obtener resultados beneficiosos para la población en el control de la contaminación de Cepsa y no el de hacer cesión a la inercia de una situación que ya lleva muchos años manifestándose, volviendo a renunciar, por sumisión tanto de la Consejería de Sanidad como de la Dirección general de Salud Pública, a gestionar con autoridad y eficazmente esta situación.
(*) Arturo Borges Álamo, médico experto en Salud Pública y miembro del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública.
FUENTE : http://canarias-semanal.org
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