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España no puede permitirse descarrilar su prestigio ferroviario
Cuando un gobierno como el actual, social comunista que preside Pedro Sánchez, deja de dar explicaciones, la confianza se baja del tren y convierte a España, en escaparate mundial a las dudas domésticas.
Por: Julio César González Padrón
Artículo de opinión
Durante años, España exhibió su red ferroviaria como uno de los grandes símbolos de modernidad del país. Exportábamos tecnología, conocimiento y experiencia. Nuestros trenes eran presentados como un ejemplo de eficacia y seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. El AVE se convirtió en una auténtica marca de prestigio nacional, admirada en Europa, América y Oriente Medio; sin embargo, dos accidentes ferroviarios ocurridos en un corto espacio de tiempo han vuelto a abrir una pregunta incómoda que muchos ciudadanos comienzan a formularse en voz baja: “¿sigue siendo merecida aquella fama de excelencia o estamos asistiendo al lento deterioro de uno de nuestros mayores logros colectivos?”
Las estadísticas continúan señalando al ferrocarril como uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Sería injusto e irresponsable afirmar lo contrario. Pero también sería ingenuo ignorar una realidad cada vez más evidente y es que, la confianza ciudadana no se alimenta únicamente de estadísticas, sino de percepciones, y cuando las noticias sobre accidentes ferroviarios se suceden, la inquietud se instala inevitablemente en la opinión pública y la confianza ciudadana tarda mucho tiempo en ganarse, y además puede perderse en cuestión de días.
Es muy probable que miles de españoles continúen viajando en tren con absoluta normalidad. Sin embargo, también es cierto que estos sucesos han reabierto dudas que parecían definitivamente superadas. No hablamos solo de la seguridad del pasajero. Hablamos de algo más profundo; “hablamos de la confianza en la capacidad del sistema para garantizar que los errores, las incidencias o las negligencias no se repitan.”, y ahí comienza el auténtico debate.
Porque sería irresponsable señalar culpables concretos antes de que concluyan las investigaciones. Pero también lo sería refugiarse en esa prudencia gubernamental para evitar preguntas incómodas como hace el actual gobierno social comunista de Pedro Sánchez. Pues una cosa es determinar quién tuvo la culpa de un accidente y otra muy diferente preguntarse si existe algún problema de gestión, mantenimiento, inversión o supervisión que las administraciones responsables han preferido ignorar durante años.
En España hemos adquirido una peligrosa costumbre. Tras cada tragedia, los responsables políticos comparecen para transmitir calma, prometen investigaciones exhaustivas y apelan a la prudencia. Días después, el ruido mediático disminuye, la actualidad impone nuevos titulares y los ciudadanos acaban quedándose con más preguntas que respuestas y lo preocupante es que esa secuencia empieza a resultar demasiado familiar.
Es cierto que nadie puede afirmar al 100% todavía, que exista una relación entre ambos accidentes, ni que estemos ante una crisis estructural del sistema ferroviario español. Sería una conclusión precipitada. Pero tampoco resulta razonable descartar cualquier reflexión de fondo simplemente porque las investigaciones permanezcan abiertas.
La responsabilidad política no siempre consiste en ser el causante directo de una tragedia. En muchas ocasiones consiste en no haber evitado las circunstancias que la hicieron posible, y eso es lo que nos tememos que ha ocurrido en estos dos lamentables casos.
Las infraestructuras públicas no envejecen por casualidad. Los sistemas de seguridad no se actualizan solos. Las inversiones no aparecen por generación espontánea. Las prioridades presupuestarias son decisiones políticas y, como tales, están sujetas al escrutinio ciudadano; por ello, tan simplista resulta convertir cada accidente en un arma partidista como pretender que la política no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido, como pretende hacernos ver Pedro Sánchez y su ministro de transporte, como si todos fuéramos alumnos de la LOGSE socialista…” Progres sí, pero buros y adoctrinados hasta decir basta”.
Pero existe una cuestión todavía más preocupante: “España no solo había conseguido que el tren se convirtiera en uno de los medios de transporte favoritos para millones de personas. Había logrado además situarse entre los referentes internacionales del sector ferroviario”. Durante años exportamos tecnología, diseño, ingeniería, sistemas de señalización y conocimiento especializado. Nuestros profesionales eran requeridos en proyectos internacionales y nuestras empresas competían en algunos de los mercados más exigentes del mundo y a nadie se le esconde que ese prestigio que costó décadas construirlo se lo ha cargado el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, en solo unos pocos años.
Pero lo verdaderamente triste, es que la reputación internacional funciona exactamente igual que la confianza ciudadana, que se logra se construye lentamente, puede también erosionarse con sorprendente rapidez.
Cuando un país exporta tecnología ferroviaria, cada accidente tiene una repercusión que va más allá del ámbito doméstico. Las dudas no solo afectan a los viajeros nacionales. También llegan a potenciales clientes internacionales, inversores y gobiernos que observan desde fuera.
No, España no ha dejado de ser una potencia ferroviaria por la sucesión de dos accidentes. Afirmar eso sería exagerado. Pero tampoco podemos ignorar que el mejor patrimonio de cualquier industria avanzada, es su credibilidad. Y toda credibilidad exige una vigilancia constante, cosa que no ha tenido en los últimos años de gobierno social comunista.
“El verdadero riesgo no es que ocurran incidentes aislados. El verdadero riesgo es caer en la autocomplacencia”.
La historia demuestra que muchas organizaciones comenzaron su decadencia el mismo día en que se convencieron de que ya no necesitaban seguir mejorando; por ello, la respuesta no puede limitarse a esperar los resultados de una investigación y pasar página como pretende Pedro Sánchez. Es necesario actuar con una visión mucho más amplia. Esto no es Ceuta
La primera medida, debe ser la transparencia absoluta. Los ciudadanos tienen derecho a conocer lo ocurrido, las causas identificadas y las soluciones previstas. La segunda, pasa por realizar auditorías técnicas independientes capaces de evaluar el estado real de infraestructuras, sistemas de seguridad y protocolos operativos. En tercer lugar, resulta imprescindible reforzar las inversiones en mantenimiento preventivo, una de esas partidas presupuestarias que raramente generan titulares, pero que suelen marcar la diferencia entre la prevención y la tragedia, y en cuarto lugar, la seguridad ferroviaria debería convertirse en una auténtica política de Estado, “alejada de “amigachos del partido para ocupar cargos de responsabilidad, sin estar cualificados para ello o ser amante del ministro de turno”.
España sigue disponiendo de excelentes profesionales ferroviarios, de una industria competitiva y de un conocimiento técnico que muchos países continúan admirando. Lo que empieza a generar dudas es si nuestros responsables públicos están demostrando el mismo nivel de excelencia que quienes diseñan, mantienen y operan diariamente la red ferroviaria.
La cuestión ahora, no es si debemos dejar de viajar en tren. Sería absurdo. El ferrocarril continúa siendo uno de los transportes más seguros, eficientes y sostenibles. La verdadera cuestión es si quienes tienen la obligación de preservar esa seguridad, o lo que es lo mismo, el gobierno, está actuando con la previsión y el rigor que exigen las circunstancias; porque los accidentes pueden ser inevitables, pero la falta de autocrítica, la opacidad y la resignación, no.
“Llegado a este punto, la conclusión de un maúro de Telde, viejo lobo de mar es:”
Que quizás sea demasiado pronto para hablar de culpabilidades concretas. Pero no lo es para exigir explicaciones. Quizás todavía no podamos afirmar al 100% que el sistema ferroviario español atraviese una crisis estructural, pero sí podemos reconocer que su imagen pública ha recibido un golpe significativo. Y quizás sea precisamente ahora, cuando aún estamos a tiempo, el momento de actuar con determinación y el pueblo español, tiene una oportunidad de oro el próximo día 29 de noviembre en las urnas, para revertir esta situación caótica hasta donde nos ha arrastrado este gobierno Frankenstein, social comunista, de Pedro Sánchez
Las grandes naciones no se distinguen porque nunca sufran accidentes. Se distinguen por la forma en que reaccionan la ciudadanía ante ellos, por su capacidad para aprender de los errores y por la voluntad de pedir que se corrija aquello que no funciona, como en este caso es el sistema ferroviario.
España tiene ante sí un desafío que va más allá de la seguridad ferroviaria. Lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos y el prestigio internacional de una industria que durante décadas fue motivo de orgullo colectivo. Porque un tren puede volver a circular pocas horas después de una incidencia, pero la confianza perdida, en cambio, tarda años en regresar.
Y un país que durante tanto tiempo presumió de ser referencia mundial en materia ferroviaria no debería conformarse con investigar accidentes. Debería volver a ser capaz de prevenirlos. Esa es, en última instancia, la diferencia entre gestionar una crisis y merecer nuevamente la confianza de los ciudadanos. Y esa es la estación a la que España no puede permitirse llegar con retraso el próximo día 29 con nuestras papeletas de votante.
Porque si no se conciencia de la importancia de ello la ciudadanía, como diría un mauro de Telde, expresándose con una exclamación canaria: “para la lecha que da la jaira calzona, que se la tome toda el baifito, qué … ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
Fdo:
Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
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