Responsabilidad política: una cuestión de carácter

 

Luis Seco de Lucena

01/11/2026

Artículo de opinión

Hay algo que me cuesta entender. Mucho. Resulta que hemos sufrido dos tragedias ferroviarias en apenas nueve meses, con al menos 115 muertos, y quienes tienen la responsabilidad de dirigir el sistema nos explican que han hecho cuanto estaba en sus manos. Que no procede dimitir. Que ahora toca investigar, corregir y seguir adelante.

Pues bien, habrá que preguntarles qué entienden por responsabilidad política. Porque, si después de semejante tragedia nadie tiene que responder políticamente por lo ocurrido, ¿para qué sirve esa responsabilidad?

Desde Adamuz hasta Urda, los usuarios del ferrocarril han convivido con averías, retrasos e incidencias. Y ahora sabemos, por boca del propio ministro Óscar Puente, que el sistema de seguridad LZB ha registrado 170 interrupciones durante este año. Una cifra que, según explica, entra dentro de la normalidad europea. —Pero en el único país europeo donde se estrellan España—.

Será normal para los técnicos. Será estadísticamente aceptable. Pero cuesta pedirle tranquilidad a quien compra un billete confiando en llegar vivo a su destino.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿se ha invertido lo suficiente en mantenimiento? ¿Quién decide cuánto dinero se destina a conservar las infraestructuras? ¿Quién supervisa que los protocolos funcionen cuando falla la tecnología?

Porque gobernar no consiste solamente en inaugurar estaciones, anunciar inversiones o presumir de kilómetros de alta velocidad. También exige cuidar aquello que ya existe. Y eso, aunque no dé fotografías ni titulares, salva vidas.

Las investigaciones deberán determinar qué falló y quién intervino en las decisiones que desembocaron en la colisión. 

Pero la responsabilidad política plantea una cuestión diferente: quién debe responder por la organización, la supervisión y la seguridad de un servicio público.

El ministro asegura que no dimite porque marcharse sería lo fácil y no encaja con su carácter. También sostiene que quedarse es su manera de asumir responsabilidades. 

El carácter podrá explicar una decisión personal, pero no debería convertirse en el criterio para conservar un cargo público. La responsabilidad política no puede depender del temperamento de quien ocupa un despacho.

Y mientras discutimos sobre dimisiones, hay familias que todavía esperan respuestas. Personas que despidieron a sus seres queridos pensando que volverían para cenar. Un beso apresurado, una maleta, un hasta luego… Y nunca regresaron. Eso es lo verdaderamente insoportable.

No se trata de exigir cabezas para satisfacer venganzas, ni de confundir responsabilidad política con culpabilidad penal. Se trata de establecer límites. De recordar que el poder exige rendir cuentas incluso cuando las responsabilidades personales todavía no están esclarecidas.

Porque, si ninguna tragedia obliga siquiera a reconsiderar la continuidad de quienes gobiernan, estaremos inaugurando una doctrina peligrosa: la responsabilidad política sin consecuencias.

Y entonces habrá dejado de existir la responsabilidad política. Algo que, por cierto, les vendrá extraordinariamente bien a quienes vengan después.