​La presunción de culpa: cuando enfermar en el trabajo se convierte en sospecha. Por Joaquín Santana.

 

Cuánta verdad, este artículo.

Articulo de opinión 

​El absentismo laboral se ha instalado en el debate público y económico como una cifra fría, un porcentaje que alarma a las directivas y llena titularidades sobre la pérdida de productividad. Sin embargo, detrás de esas estadísticas se olvida con alarmante facilidad una premisa básica: los trabajadores no son máquinas, ni ensamblajes de piezas sustituibles, ni algoritmos programados para rendir al cien por cien de forma ininterrumpida. Son seres humanos. Y los seres humanos enferman, sufren accidentes y se rompen.

​Siempre ha existido la incapacidad temporal, pero en el modelo laboral actual nos encontramos ante un fenómeno cada vez más extendido: gente que enferma precisamente por trabajar. Desde la usura de los ritmos de producción hasta el desgaste silencioso de la salud mental, el puesto de trabajo se ha convertido en ocasiones en el propio origen del daño. Y cuando el cuerpo o la mente dicen «basta», empieza el verdadero vía crucis.

​Existen accidentes nefastos que cambian una vida en un segundo y otros que afortunadamente quedan en un susto, pero la respuesta del sistema ante la baja parece responder cada vez más a un mismo patrón: la fiscalización extrema. Existe una persecución continua por parte de instituciones, mutuas colaboradoras y del propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que parece haber cambiado el criterio de protección social por el de sospecha sistemática.

​Hoy en día, un trabajador lesionado o enfermo tiene que justificar su dolor como si estuviera sentado en el banquillo de los acusados. Salvo que la lesión sea aparatosa y vidente a los ojos de un inspector —como la pérdida irreversible de un miembro—, cualquier dolencia invisible o de difícil cuantificación convierte automáticamente al operario en sospechoso de fraude. Si el dolor no se ve en una radiografía de forma incuestionable, parece que no existe.

​Esta deriva es inhumana e injusta. Ignora una verdad tan antigua como el propio ser humano: caras vemos, pero corazones no. Nadie salvo quien lo padece conoce la intensidad de una secuencia de dolor de espalda que impide ponerse en pie, la invalidez de una migraña crónica o el abismo de una depresión sobrevenida por el acoso o la sobrecarga laboral. Medir la salud de una persona únicamente por criterios estadísticos o por la prisa de dar altas médicas precoces no solo frena los procesos reales de curación, sino que castiga al débil.

Es necesario perseguir el fraude, por supuesto, porque perjudica a todos. Pero no a costa de criminalizar la vulnerabilidad. La salud no es un capricho ni la baja un privilegio festivo; es un derecho conquistado para garantizar la dignidad cuando la biología o el infortunio nos frenan. Una sociedad que fiscaliza el dolor y presiona al enfermo para reincorporarse sin estar curado no es más productiva: es simplemente más cruel.