Artículo de opinión
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) nació en su día con una premisa tan lógica como necesaria: verificar que la flota de vehículos que circula por nuestras carreteras lo haga en condiciones óptimas de seguridad y respetando el medio ambiente. Sin embargo, tras años de evolución normativa, para una inmensa mayoría de conductores la ITV ha ido alejándose de ese espíritu de servicio público para convertirse en algo muy distinto: un engranaje recaudatorio donde la coherencia brilla por su ausencia y el sentido común ha sido sustituido por el trámite administrativo.
El aspecto más chirriante de este sistema es, sin duda, la paradoja de las homologaciones. Hoy presenciamos la salida al mercado de vehículos recién matriculados con firmas lumínicas dignas de una película de ciencia ficción, tiras LED debajo del capó o formas estructurales agresivas que son perfectamente legales porque vienen «de serie». Sin embargo, si el propietario de un vehículo con algunos años intenta instalar una luz con mejor visibilidad o un elemento similar a los que equipa el modelo que acaba de salir del concesionario, se topa de frente con la negativa del inspector.
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Lo absurdo del proceso es que el componente no deja de ser legal por un riesgo intrínseco, sino por no haber pasado por caja. Si el usuario desembolsa cientos de euros en un proyecto técnico y paga la correspondiente tasa de homologación, el mismo accesorio que hace diez minutos era «peligroso» se convierte, por arte de magia, en un elemento impecable. La analogía con las bolsas de plástico del supermercado no puede ser más acertada: si te la dan gratis parece que contamina, pero si la pagas, de repente deja de dañar el medio ambiente. En la ITV ocurre algo calcado: si no pagas, el cambio es un riesgo vial; si pagas, la seguridad queda plenamente garantizada. Es la pescadilla que se muerde la cola.
A este afán por fiscalizar la más mínima modificación se suma una alarmante falta de criterio unificado. Todos conocemos historias del famoso «turismo de ITV»: conductores que son rechazados por un bombillo cuya tonalidad no convence al técnico de turno o por un alerón estético, mientras que otros vehículos con deficiencias sangrantes —como neumáticos completamente lisos, que constituyen un peligro real en el asfalto— reciben el visto bueno en otra estación diferente sin haber cambiado una sola tuerca. Cuando la seguridad depende del criterio aleatorio del centro al que acudas, el sistema pierde toda su credibilidad.
Nadie pone en duda que la revisión periódica de elementos críticos como los frenos, la suspensión o la dirección es fundamental para salvar vidas. Pero cuando la inspección se centra en penalizar pequeneces y en cobrar peajes por cualquier cambio menor, la sensación que le queda al ciudadano es la de estar sufriendo un abuso sistemático. La ITV no puede seguir siendo un negocio redondo repartido entre la administración y las empresas concesionarias; necesita una reforma urgente que devuelva el protagonismo a la seguridad real en la carretera y deje a un lado la burocracia recaudatoria.
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