Gracias al Ministro Gallardón, reclamar ante la justicia no es gratuito, cuesta dinero. Las tasas fijas van de 100 a 1.200 euros. La variable es el 0,1% de lo reclamado con un tope de 2.000 euros. La tasa para recurrir una multa no puede superar el 50% de esta. Una situación que evita, restringe y/o dificulta el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, creando ciudadanos de 1ª y 2ª clase. Si puedes pagar la justicia, tienes derecho a defenderte.
Sus autores han justificado la Ley con la intención de agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, a los que se priva del acceso a la tutela judicial efectiva mediante la imposición generalizada de las tasas. Y, efectivamente, estas tasas han tenido ya un efecto disuasorio y, de paso, han mejorado la recaudación del erario público.
En septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra esta ley. La Audiencia entiende que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.
El nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuenta ya con que el Tribunal Constitucional enmiende la plana al Gobierno, así que en su primera intervención como ministro ante el Congreso prometió que convocará una mesa sectorial para trabajará “con todos” (grupos parlamentarios y profesionales de la Justicia) “para generar consenso”.
Para que al Ministro no se le olvide, y para visibilizar esta tremenda injusticia, os animamos aapoyar a la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) en su campaña contra las tasas judiciales.
Entrada de blog por: Miguel A. Soto
No hay comentarios:
Publicar un comentario