Ultimátum para cumplir el fallo que anuló el pleno del ICO 2012

Gaumet Florido  / Telde                         foto arcadio suárez

Otra vez vuelven las curvas y otra vez la carretera viene, o va, de los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 ha notificado al Ayuntamiento que tiene 10 días para ejecutar el fallo que en 2014 anuló el Pleno de mayo de 2012 en el que se aprobó un crédito ICO de 65 millones de euros. El plazo está a punto de expirar.

El gobierno que dirige Carmen Hernández se da de bruces con un escollo que deviene de la etapa del anterior ejecutivo y que fue el resultado de una denuncia interpuesta por Más por Telde, que, ahora, con el correr del tiempo, está en el gobierno. El juzgado declaró nula la convocatoria del pleno del 15 de mayo de 2012 por un defecto de forma, al entender que se vulneró el derecho de los dos ediles de ese partido, que entonces eran Juan Francisco Artiles y Rubén Rodríguez, porque no fueron notificados en tiempo y forma.

El gobierno anterior intentó quitarse de encima el fallo al defender que lo que anuló la sentencia fue la convocatoria en sí del pleno, no los acuerdos, entre otras cosas, porque fueron ratificados en otro pleno posterior de aquel mismo año, en septiembre. Pero lo cierto es que los distintos informes remitidos hasta ahora al Juzgado para explicarle que la sentencia ya estaba cumplida no han sido aceptados por la Justicia, que vuelve a la carga.

Así las cosas, el cuatripartito que conforman NC, Más por Telde, PSOE y CCD se verá obligado a convocar otra vez aquel Pleno con los mismos puntos en el orden del día, entre otros, la aprobación de la solicitud de un crédito a los bancos, con el aval del ICO, de 65 millones de euros, luego ampliado a 72 millones o el cambio en el modelo de gestión de las escuelas infantiles, que aquel día pasó de ser público a semiprivado. El problema es que en el paquete de aquel crédito se incluyen facturas por valor de 24,5 millones de euros que, según un informe del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2013, y otro del exinterventor Enrique Orts, de febrero de 2014, fueron pagadas de forma ilegal porque se abonaron con cargo a una línea de crédito, la del ICO 2012, que no abarcaba esas facturas. Entre ellas figura un pago de 13,2 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez por un solar de 6.500 metros en La Mareta y 8,6 millones a Aguas de Telde.
 

fuente : http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=381808