La casta y el ‘caso Faycán’

Usted siente preocupación por lo que pasa en su edificio y decide presentarse como candidato a presidente de la comunidad de vecinos. Las elecciones serán en mayo. Pero a usted le llega una carta del juzgado. El señor del bar del barrio lo denunció. Dice que usted le robó una caja de güisqui. Usted lo niega, aunque un cliente grabó con su teléfono el momento en el que usted salía con la caja de alcohol. Usted está citado en el juzgado en abril. No se preocupe. Vaya usted al juzgado pídale al juez que retrase la vista oral hasta después de mayo, así no influirá en las elecciones de su comunidad de vecinos.

Puede ocurrir que el juez le responda que no hay ninguna ley que ampare el retraso de un juicio oral por el interés electoral de un imputado, y que le nombre la Constitución y le diga que la ley es igual para todos. Si necesita un testigo que apoye sus argumentos para retrasar el juicio vaya usted a la Audiencia Provincial de Las Palmas y pregunte por Emilio Moya. Este señor acaba de hacerle ese favor que usted pide para usted a la alcaldesa de Telde. La fiscalía solicita 5 años de prisión y 15 de inhabilitación para Mari Carmen Castellano, la acusa de varios delitos de corrupción en el llamado ‘caso Faycán’. Los hechos ocurrieron en el mandato 2003-2007 en el ayuntamiento de Telde, cuando todo el gobierno municipal del PP acabó en los calabozos tras la investigación por una denuncia de una empresaria harta de que le pidieron comisiones ilegales.
Quienes debían velar por el interés general de Telde se dedicaban ¡presuntamente! a asaltar las arcas municipales, a pedir comisiones a empresarios (acaba de haber una sentencia de una pieza separada del caso Faycán en el que se describen y prueban todos estos hechos). En esos años en los que pasaban todas esas cosas feas, el viceconsejero de Justicia del Gobierno canario era Emilio Moya, puesto en ese cargo por el Partido Popular. Y ahora el señor Moya preside la sala que juzgará a sus excompañeros del PP (hay 29 imputados entre políticos y funcionarios). Emilio Moya reconoció en un periódico que todo está preparado para celebrar el juicio del caso Faycán pero que no va a convocar la vista oral hasta después de las elecciones para no perjudicar en la carrera electoral a algunos de los imputados, como es el caso de la alcaldesa de Telde. Moya no aludió a ninguna ley, dice que lo retrasa “por sentido común”. El miembro del Consejo General del Poder Judicial Rafael Fernández Valverde defendió la decisión de Moya por el criterio de “ponderación” y de “consenso”. Pero reconoció que no tiene ninguna base legal.
El retraso del juicio del caso Faycán para no perjudicar los intereses electorales del PP es una prueba clara de lo que ya la gente en la calle llama “la casta”. Me llama la atención de que esta escandalosa decisión no haya sido criticada por ningún partido político, ni por los de Podemos que tanto hablan de la casta. Los mismos jueces y políticos que tanto defienden la Constitución para frenar, por ejemplo, la voluntad del Parlamento catalán, ahora ignoran la Carta Magna que establece la separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley. En su libro “La corrupción de la Democracia” José Vidal Beneyto escribió: “De ahí que la generalización de la corrupción conlleve la desaparición de la cultura ciudadana y la consolidación de pautas que oscilan entre el neocorporativismo y la mafia. Por ello, Padioleau y Meny insisten en que lo más determinante en la corrupción no son las prestaciones que se intercambian-la corrupción como trueque-, sino la estructura relacional, los vínculos de dependencia que genera-la corrupción como lazo social- y, en especial, los valores y comportamientos que impone – la corrupción como horizonte dominante-, que la convierten en el eje central del sistema. Con lo que, más que denunciar los casos concretos de corrupción, hay que atacar la corrupción sistémica.”
En esta Bananaria tan subtropical ya consideramos como una parte del paisaje los actos sociales donde cada vez coinciden más alrededor de canapé s mandos judiciales, políticos y empresarios (en algunos casos con causas pendientes con la justicia). Un compadreo ante cámaras de prensa y televisión que no se critica en los medios. Se conocen, se abrazan, se intercambian teléfonos móviles. Van a las bodas de sus hijos, se hacen regalos. Se aplauden entre ellos sus discursos sobre la democracia, la Constitución, el libre mercado, lo duro que es ser emprendedor… Luego vemos los resultados en las pocas y retrasadas sentencias judiciales sobre corrupción: cae algún pequeño empresario, algún funcionario o trabajador público. Pero los peces gordos, los políticos con mil causas, los ganadores de todos los concursos públicos, o sea, la casta, sigue nadando en el lodo ajena al Código Penal. Como si no existiera el delito de tráfico de influencias. Por eso le digo a usted, que se quiere presentar a presidir su comunidad de vecinos, que devuelva la caja de güisqui, hombre, que si usted no es de la casta le caerá encima todo el peso de la ley. Para usted, pobre diablo, no habrá “ponderación” ni “consenso”. Igual que para ellos, los de la casta, lo que no hay es vergüenza.
@juanglujan

Este artículo también se publica este miércoles en el periódico La Provincia en su edición de papel y digital. En la fotografía se puede ver a Emilio Moya cuando era viceconsejero de Justicia junto a José Manuel Soria y el actual fiscal jefe Vicente Garrido.