Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- La pasada semana, elGobierno de Canarias hacía pública su decisión de suspender la consulta ciudadanaconvocada para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago, en respuesta al recurso contra la misma presentado por Ejecutivo Rajoy ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que supone la suspensión automática y cautelar del proceso por un periodo máximo de cinco meses.
Los portavoces de la Administración autonómica criticaron la decisión del Gobierno de España que -dijeron - "solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada".
El Ejecutivo regional sostiene que la consulta planteada tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana y ha reiterado que espera que, finalmente, "el Tribunal Constitucional dicte una resolución favorable" a la misma. Pese a todo, el Gabinete de CC y PSOE se ha reafirmado también en su intención de "respetar la legalidad" lo que, en la práctica, supone que la celebración de la consulta quedará al arbitrio de lo que dictamine el alto tribunal español, cuya politización y control por parte de los principales partidos del Estado son suficientemente conocidos.
Las reacciones a la decisión del Ejecutivo autonómico no se hicieron esperar. Intersindical Canaria - una de los sindicatos integrados en el Movimiento Ciudadano Canario contra las Prospecciones - calificó al Gobierno de Paulino Rivero de "cobarde y desleal con las organizaciones sociales y sindicales por haber paralizado la consulta".
"Este maltrato contra nuestro pueblo, debería haber generado una reacción valiente y decidida del Gobierno de Canarias, apoyando la decisión del movimiento popular antipetrolero de llevar a cabo la Consulta del 23N a como dé lugar y diga lo que diga el poder político en Madrid, nada más lejos de la realidad" - manifestaron desde IC.
La realidad, no obstante, es que la medida adoptada por el Gobierno regional no se puede calificar como una "deslealtad". Prácticamente desde el mismo anuncio de la consulta efectuado por Paulino Rivero el mandatario autonómico dejó meridianamente clara la intención de su gabinete de actuar respetando en todo momento la legalidad. Es decir, de acatar fielmente las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, así como una posible suspensión cautelar de la consulta.
La respuesta que el Ejecutivo de CC y PSOE daría al recurso presentado por el Gobierno central, en efecto, ya había sido adelantada públicamente por el propio Rivero y el resto de voceros del Gobierno regional. No puede existir al respecto de la misma, por tanto, ninguna reacción de sorpresa.
MENOS DE UN MES PARA CUMPLIR LA PROMESA DE ORGANIZAR UNA CONSULTA ALTERNATIVA
Sea como fuera, la esperada evolución de los acontecimientos ha situado a las organizaciones políticas, sociales y ecologistas que forman parte del Movimiento contra las Prospecciones ante el inminente reto de hacer realidad la promesa que efectuaban el pasado miércoles, tras mantener una última reunión con Paulino Rivero.
"La consulta se realizará el próximo 23 de noviembre sí o sí. Si finalmente el Gobierno autónomo no la convocara la sacaríamos nosotros adelante aunque no fuera vinculante" - aseguraba contundentemente el portavoz de este movimiento Jerónimo Gómez.
En este mismo sentido, tras conocerse la paralización de los preparativos institucionales para la votación por parte del Ejecutivo autonómico, Intersindical Canaria realizaba un llamamiento"al pueblo canario y su clase trabajadora a asumir con claridad la vanguardia de esta lucha, manteniendo el pulso de movilización y saliendo en peso a las calles el 23N para emitir nuestra opinión en una consulta que debe realizarse pese a quien le pese".
Idéntico pronunciamiento se realizaba desde la Coordinadora Canaria contra la Prospecciones: "Hacemos un llamado al pueblo canario a no decaer en la lucha y a participar masivamente en la consulta que se realizará el 23 de noviembre, entendiendo como entendemos que nada ni nadie puede prohibirnos levantar la voz alto y claro para decir entre todos y todas, un contundente no a las prospecciones".
En sus declaraciones del 23 de noviembre, sin embargo, los colectivos agrupados en la Coordinadora reconocían también que, en esa fecha, "no sabían aún como sería la hipotética convocatoria alternativa".
Sobre este particular, el portavoz del movimiento sólo puntualizó que "están celebrando cumbres y reuniones para decidir cómo se van a organizar, aunque todavía confiaban en que "la justicia prevalezca y no sea el voto político del PP el que tumbe la consulta".
Ahora, a menos de un mes para la fecha señalada del 23 de noviembre, estos colectivos se ven ante el brete de organizar una consulta alternativa que, aun no siendo vinculante, proporcione los medios físicos y humanos necesarios para garantizar al conjunto de la población del Archipiélago la posibilidad de pronunciarse. Un importante desafío en una región con más de 2 millones de habitantes que, de no superarse de forma cabal, cuestionaría seriamente la capacidad del Movimiento antipetrolero para liderar esta batalla en las calles "desbordando a la institucionalidad", conforme a lo que también han prometido realizar.
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