No se entusiasmen las fuerzas vivas damnificadas por el concurso de asignación de frecuencias de radio del Gobierno de Canarias. Hasta ahora, que se sepa, ningún alto cargo gubernamental, ningún miembro de la mesa de contratación ni ningún beneficiado ha sido formalmente acusado por juzgado alguno por esa larga ristra de delitos que les han querido endosar. El concurso está plenamente en vigor sin que ningún recurso, denuncia, querella o campaña mediática haya conseguido su propósito de tumbarlo. Los que sí se sentarán en el banquillo de los acusados serán los abogados madrileños Jaime Rodríguez y Paula Romeo, de la firma Díez & Romeo, acusados nada menos que de un delito de falsificación continuada en documento oficial por, presuntamente, haber falsificado un sello de la oficina de Correos en Arucas para hacer pasar como válidas 41 ofertas que no consiguieron entregar a tiempo.
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