El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley por el que acepta la renuncia de Escal UGS -empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67%- a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor; establece su hibernación, es decir, que prohíbe la extracción o inyección de gas en el almacén; y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros que en última instancia pagará el consumidor en la tarifa del gas durante 30 años.
La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que el real decreto ley aporta una "solución" a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona vinculados a Castor y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno "intentó una declaración de lesividad" ante los tribunales.
Indemnización en 30 años
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el montante de la indemnización será asumido en un primer momento por Enagás, empresa que actúa como transportista de gas y de la que el Estado posee un 5% a través de la SEPI.
Enagás abonará la indemnización a través de su filial Enagás Transporte en una operación "muy ligada a la financiación del BEI", ha indicado la vicepresidenta del Gobierno.
Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
Es decir, que en última instancia serán los consumidores los que sufragarán esta cantidad en el recibo del gas.
Poco después de conocer la noticia, Enagás ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con un sindicato de bancos para la cesión de los derechos de cobro reconocidos a la empresa correspondientes a esos 1.350 millones de euros, pacto "que se formalizará de manera inmediata".
El almacén hibernado, pero no cerrado
El almacén hibernado, pero no cerrado
El Ejecutivo, además, ha ordenado la hibernación de la instalación, lo que implica que "está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, ha explicado Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que esta situación se podrá revertir en el futuro si se dan condiciones seguras. "Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras", ha especificado.
Según ha asegurado el Ministerio de Industria en una nota, la decisión de hibernar el almacenamiento subterráneo de gas de Castor tendrá un coste anual a partir de 2017 sobre el sistema gasista 110 millones de euros inferior al coste que tendría el complejo de estar en operación.
En concreto, el coste de tener operativo el almacenamiento habría sido de 210 millones de euros anuales, mientras que la opción de hibernarlo generará un coste de 100 millones de euros anuales, 110 millones menos.
Sin actividad desde hace un año
Sin actividad desde hace un año
El almacén permanece sin actividad desde el 26 de septiembre de 2013 después de que se detectara un incremento de los movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta.
En octubre, la empresa que gestiona el almacén reconocía que en los seísmos de magnitud inferior a tres veía "una relación directa" con la inyección de gas, pero que en los superiores a esta intensidad la causa "sería el movimiento de alguna falla".
El Ministerio de Industria siempre ha defendido que no decidiría sobre el caso hasta disponer de las conclusiones de los estudios de varios expertos internacionales encargados por el propio Ejecutivo.
Dos informes realizados en España -uno del Instituto Geográfico Nacional y otro del Instituto Geológico y Minero de España- relacionan directamente los seísmos registrados los pasados meses de septiembre y octubre en el entorno del almacén con la inyección de gas en dicha planta
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