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| Don Luis Seco |
Luis Seco de Lucena
Hay formas de gobernar que no necesitan decretos para demostrar su torpeza. Basta con el silencio. O peor aún: con la media palabra, con el comunicado tibio, con esa información a medias que no aclara nada pero sí enciende todas las alarmas. Lo ocurrido con el barco Hondius y el hantavirus no es solo un episodio sanitario. Es, sobre todo, un retrato político. Y no precisamente favorecedor.
Porque cuando el miedo entra por la puerta, la falta de información le pone una alfombra roja. La gente no se inquieta por capricho; se inquieta porque alguien, desde la comodidad de un despacho, decide que no hace falta contarlo todo. Y entonces llegan los rumores, los mensajes reenviados, la incertidumbre que se mastica en cada conversación. El vacío informativo nunca es neutro: siempre se llena de sospechas.
Y ahí es donde empieza el problema de fondo. Canarias no puede ser tratada como una nota al pie en la agenda del Gobierno central. No puede ser ese territorio lejano al que se le comunica lo justo, lo imprescindible, casi como un favor. Porque no lo es. Es una comunidad autónoma con dignidad política, con instituciones propias y, sobre todo, con ciudadanos que merecen saber qué ocurre cuando un barco con posibles riesgos sanitarios toca sus costas.
Lo que hemos visto estos días no es solo descoordinación. Es algo más incómodo: deslealtad institucional. Ese gesto sutil pero constante de tomar decisiones sin contar con quien debería estar en la mesa. Como si Canarias fuese un espectador de lo que sucede en su propia casa. Como si el Gobierno regional tuviera que enterarse por los pasillos de lo que debería haber recibido por los cauces oficiales.
Y luego está ese viejo tic, ese reflejo casi automático del poder central: el de decidir primero y explicar después, si acaso. Un estilo que se pretende firme pero que en realidad es torpe. Porque la autoridad no se impone ocultando información, sino compartiéndola con transparencia. Lo otro tiene un nombre menos elegante: ninguneo. Algo que a estas alturas es intolerable.
Resulta llamativo que en pleno siglo XXI, con todos los mecanismos de coordinación institucional que existen, volvamos a caer en la misma piedra. La de considerar que hay territorios de primera y territorios de “ya te contamos luego”. Y no, Canarias no está para eso. No debería estarlo nunca.
El respeto no se declama en discursos; se practica en los hechos. En la llamada a tiempo. En el informe compartido. En la rueda de prensa conjunta. En el reconocimiento de que gobernar un país plural exige algo más que centralizar decisiones: exige escuchar, coordinar y, sobre todo, confiar en quienes también representan a los ciudadanos.
Porque aquí no se trata de siglas ni de estrategias. Se trata de algo bastante más elemental: de no tratar a toda una comunidad como si fuera prescindible en la ecuación. De entender que la información no es un privilegio del poder, sino un derecho de la gente.
Y eso, por mucho que a algunos les incomode, empieza por algo muy sencillo: respeto. A Canarias. A sus instituciones. Y a su gente. Porque cuando ese respeto falla, todo lo demás empieza a hacer agua. Y esta vez, además, venía en barco.

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