Los gobiernos canario y central inician en enero la negociación para incorporar la deuda del Convenio de Carreteras

                     

Los gobiernos de España y de Canarias se sentarán en enero del próximo año para iniciar la negociación de un acuerdo que tiene por objeto modificar el actual Convenio firmado en 2018 entre el entonces Ministerio de Fomento y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras 2018-2027,

 mediante una adenda. La modificación se realizaría para sumar a la dotación inicial de 1.200 millones de euros los más de 450 millones de euros de la deuda avalada por la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Comunidad Autónoma de Canarias. Tanto el consejero Sebastián Franquis, como el Secretario de Estado, Pedro Saura, están de acuerdo en suscribir una adenda para dar cumplimiento de esta sentencia, referida exclusivamente a las actuaciones no financiadas y no ejecutadas y transferir los fondos a las islas en forma de nuevas anualidades del actual Convenio.

Además, el consejero Franquis trasladará a la administración estatal la necesidad de modificar el Anexo I del Convenio vigente en el que se relacionan las obras que son susceptibles de ser financiadas por el Ministerio, para incluir obras del convenio anterior siempre y cuando su ejecución se haya realizado desde el 1 de enero de 2018 (fecha de efecto de las sentencias). Esta adenda modificativa tendría amparo en el régimen general de los convenios en materia de infraestructuras que se va a incluir en Ley de Presupuestos 2021.

La deuda del Estado con Canarias por el antiguo Convenio de Carreteras se origina durante el periodo comprendido entre 2012 a 2017 ya que las transferencias efectuadas por el Gobierno central de entonces al Gobierno de Canarias en el ámbito del Convenio fueron inferiores a los cerca de 900.000 euros a las cantidades comprometidas en virtud del citado convenio. A raíz de estos recortes, la Comunidad Autónoma recurrió a los tribunales, que dieron la razón a Canarias y declararon la obligación de la Administración General del Estado de transferir a las Islas las cantidades comprometidas en el citado convenio incrementadas en los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva.