Hoy está teniendo lugar la vista oral del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. La acusación insiste en pedir casi tres años de cárcel y 360.000 euros a los activistas, por una protesta pacífica en la central nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola.
Los 16 activistas ya fueron absueltos en el anterior juicio, el pasado mes de diciembre, de los delitos de desórdenes públicos y lesiones, así como el fotoperiodista independiente que fue absuelto de todos los cargos.Esta nueva vista se produce tras los recursos presentados por Iberdrola como dueña de la central, por los vigilantes de seguridad de Cofrentes y por el Ministerio Fiscal contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia.
"Sin duda, Iberdrola está dispuesta a criminalizar el activismo pacífico que lucha por el medio ambiente", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace. “Resulta doblemente hipócrita que este gigante del oligopolio energético, que basa su negocio en energías sucias y peligrosas como la nuclear, pretenda ser una compañía líder en la lucha contra el cambio climático y a la vez insista en encarcelar a quienes iniciaron esa lucha mucho antes que ellos”.
"En los 30 años de historia de Greenpeace en España defendiendo pacíficamente el medio ambiente con cientos de acciones como la de Cofrentes nunca se ha condenado a ningún activista a penas de prisión. Esperemos que lo que no ha hecho la justicia en tres décadas no lo haga ahora Iberdrola", ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace.
Desde Greenpeace, seguimos pensando que defender el medio ambiente es un derecho y un deber, tal y como consagra el Artículo 45 de la Constitución. Por eso vamos a pedirle a Iberdrola que no trate de criminalizar el activismo pacífico. Ayúdanos a hacerles llegar el mensaje, a que nos oigan, a que la respuesta a la defensa pacífica del medio ambiente no sea la cárcel.
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