Por ERNESTO GUTIÉRREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- En días pasados, el Parlamento regional aprobaba, por unanimidad, una modificación en la Ley que regula laPrestación Canaria de Inserción. Una pequeña ayuda económica, de entre 450 y 650 euros al mes, que el Gobierno autónomo otorga actualmente a unas 3.000 personas en situación de exclusión social, a pesar de que, según los datos de la EPA, en el Archipiélago hay ya un total de 52.000 hogares que no tienen ingresos o se encuentran en una situación depobreza severa.
El objetivo - afirmó Rojas - "es llegar a un mayor número de familias y hacerlo de una forma ágil y eficaz".
UNA MODIFICACIÓN PARLAMENTARIA QUE PUEDE QUEDAR EN PAPEL MOJADO
Sin embargo, las buenas palabras de la consejera y la propia modificación legislativa podrían quedar en papel mojado, una vez más por falta de financiación. Y es que, al igual que en años anteriores, está previsto que los fondos destinados por el Gobierno autónomo a la PCI se agoten antes de llegar al verano.
El presupuesto autonómico de este ejercicio contempla la opción de ampliar la partida de la ayuda económica básica para que no ocurra lo del pasado año, cuando cientos de beneficiarios con derecho a la prestación se quedaron sin la misma durante varios meses porque la Consejería de Políticas Sociales se quedó sin dinero por esas mismas fechas.
Hasta el momento, no obstante, la Consejera del ramo no ha respondido a la reclamación efectuada por los colectivos sociales y los ayuntamientos para que convierta esta posibilidad en una realidad, incrementando dicha partida.
Los 28 millones de euros previstos para la ayuda económica básica - advierten - son insuficientes, a tenor de las expectativas que ha generado la modificación de la norma, que amplía el perfil de los beneficiarios para llegar a las familias sin ningún tipo de ingresos y otros colectivos vulnerables.
En este sentido, la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Elena Luis, explicó que la principal preocupación de los ayuntamientos es que las miles de familias que se acercan a los servicios sociales municipales para solicitar la prestación la reciban en tiempo y forma.
Por su parte, la portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), Koldobi Velasco, aseguró que harían falta unos 400 millones de euros para cubrir las necesidades básicas de los 52.000 hogares canarios que no tiene ingresos o se encuentran en una situación de pobreza severa. En su opinión, "hay un problema de financiación porque de los 31 millones que hay en los presupuestos, 17 de ellos son de prestaciones no pagadas de 2014, con lo que para las nuevas de este año hay poca cobertura".
Redesscan está formado por trabajadores sociales, colectivos y asociaciones que trabajan con las personas y familias más vulnerables afectadas directamente por la crisis. Desde que se aprobó la primera ley de la PCI, en 2007, lleva denunciando que se han incumplido al menos 20 artículos de la misma. Velasco cree que la modificación aprobada ahora por el Parlamento no cambia la concepción de la prestación canaria de inserción, que para los trabajadores sociales deben ser una renta "universal, incondicional y suficiente".
http://canarias-semanal.org/not/15342/prestacion-canaria-de-insercion-mucho-ruido-y-pocos-euros/
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