- Dos de los pozos duplican las profundidades máximas autorizadas por el Ministerio
Los científicos cuyos informes avalaron la demanda interpuesta por el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con una decena de organizaciones ecologistas, científicas y vecinales, contra la autorización de prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, concluyeron esta mañana la ratificación ante el Tribunal Supremo el del contenido de sus informes y atendieron a las preguntas de los distintos abogados para detallar aspectos pormenorizados de los mismo y aclarar posibles dudas.
"La participación científica ha sido un trabajo minucioso, con muchísimas colaboraciones y aportaciones de un buen número de especialistas, que queremos subrayar expresamente. Todo un ejemplo democrático de implicación científica y social en contra de estas perforaciones petrolíferas que las multinacionales y el Ministerio nos quieren imponer, con unas malas mañas, que recuerdan a comportamientos grises y funestos, de otras épocas, ahora que estamos en vísperas del 18 de julio", explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
Uno de ellos, de valoración ambiental del proyecto de sondeos, está fechado en febrero de 2004, hace referencia a 8 posibles localizaciones de los pozos de sondeos que Repsol ya había identificado al menos desde 2004, como consecuencia de los resultados de la campaña de investigación sísmica que ya había efectuado en 2002.
Esta determinación de ocho pozos -recordemos que el primer decreto de 2001 autorizaba un máximo de dos pozos, cuando el nuevo decreto establece un número indeterminado (a partir de dos)- tuvo lugar en el marco del programa de actuaciones de prospección con respecto a la autorización de 2001. Estas perforaciones estaban programadas una en el último trimestre de 2004, y la siguiente a principios de 2005.
Hay que destacar que de esos 8 pozos, se reducen ahora a 6 en el documento de 2012, dos tienen longitudes de perforación superiores a lo establecido en el decreto de autorización en vigor (3.500 metros de profundidad aproximadamente). Concretamente, estos dos pozos se encuentran a 6.800 metros y 6.450 de profundidad respectivamente, superando por lo tanto ampliamente las profundidades autorizadas por el Ministerio.
Las otras cuatro perforaciones continúan en parámetros aproximados de 3.500 metros. Cabe recordar que tanto en 2001 como en 2012 los pozos tendrían autorizados esta longitud aproximada (3.500 m). La longitud se mide desde el lecho marino, partir de la lámina agua, que en esas zonas se extiende hasta unas profundidades de entre 850 y 1450 metros.
La salida a la luz de estos datos evidencia que Repsol, tras la anulación de la autorización en 2004 por sentencia del TS, conocía exactamente los puntos de prospección y sin embargo no informo de los mismos en la subsanación ambiental aportada.
El Tribunal Supremo había anulado la anterior autorización alegando que en el momento que se conocieron las características de los pozos deberían aportarse a la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en 2012 se convalida el decreto sin especificar esta evaluación, pese a que la ubicación de los pozos ya era conocida desde 2004.
Estos datos confirman lo adelantado por el Cabildo de Fuerteventura cuando meses atrás alertó que las prospecciones en Canarias son un proyecto experimental plagado de incertidumbres, pues son escasas las experiencias de perforación llevadas a cabo en cualquiera parte del mundo en profundidades similares. Considerando, a nivel ambiental, la naturaleza singular y sensible de estas aguas, tal y como han demostrado los peritos del Cabildo esta semana, el proyecto del Ministerio y Repsol se confirma como un despropósito sin parangón.
Toda esta información ha podido ser conocida al haber sido aportada como documento anexó a uno de los informes periciales aportados por Repsol en las comparecencias de la presente semana, concretamente por el geólogo Ricardo García moral, interviniente este pasado lunes, ya que no se encontraba en el expediente facilitado por el Ministerio.
La declaración de los peritos aportados por el Cabildo de Fuerteventura concluyó este mediodía con las intervenciones de Alejandro Aguilar y Francisco Javier Villanueva.
Alejandro Aguilar es ex vicerrector de la Universidad de Barcelona y experto en contaminación marina, conocedor del banco canario sahariano a través de diversas investigaciones, y miembro del comité internacional para la protección de los cetáceos.
Destaco la singularidad de las aguas Canarias desde un punto de vista económico por acoger importantes caladeros de pesca, y por su gran riqueza de cetáceos y tortugas, "un hotspot" en cuanto a diversidad se refiere". Aclaró que los impactos a los que se refiere su informe son alusivos a la fase de prospecciones, así como también coincidiendo con una posterior fase de explotación.
Destaco la especial incidencia de los sondeos sísmicos en las especies de cetáceos, y sobre la contaminación alertó de la posible introducción de los elementos contaminantes en la cadena alimentaria, tanto animal con respecto a las especies depredadoras, como son cetáceos y tortugas, así como para los humanos que pescan en la zona.
Dependiendo de las condiciones oceanográficas, la extensión de estos contaminantes, atendiendo a estudios anteriores realizados en condiciones similares, puede alcanzar decenas de kilómetros.
Sobre los documentos aportados por Repsol y sus socias multinacionales aclaró que se trata de documentos muy generales e inconcretos; más cercanos a un manual de buenas prácticas que a una evaluación de impacto ambiental en condiciones. Incluso siendo un estudio superficial, contiene errores claros como su valoración de no afección a animales como los delfines mulares, especie protegida por la directiva hábitat de la UE y con poblaciones estables y residentes durante todo el año en estas aguas.
Villanueva
Por su parte, Francisco Javier Villanueva, ha sido asesor en accidentes petroleros en Uruguay, Islas Galápagos y en España en el accidente producido en la plataforma de explotación Casablanca (a solicitud de la propia Repsol) y en el accidente del Prestige, además de participante en el proceso de designación de las aguas canarias como zona marina de especial sensibilidad.
El objeto de su informe ha sido la valoración de los impactos de la contaminación marina, su especialidad profesional, en este caso relacionada con las prospecciones petrolíferas.
En este sentido, consideró que las medidas de protección medioambiental añadidas en el real decreto de 2012 que convalida el anulado por el TS en 2004, son escasas e insuficientes. También destacó que los documentos de la multinacional únicamente mencionan un plan de contingencia en caso de producirse vertidos, pero no los desarrolla en ningún momento.
Constató además que en cualquier actividad industrial de exploración o explotación de hidrocarburos en el fondo marino, más aún en el caso de Canarias donde las aguas alcanzan grandes profundidades, los vertidos por este tipo de industria son inevitables.
Tras la comparecencia de los peritos quedó patente la unidad que existe entre la comunidad científica experta que conoce la realidad y los valores naturales de la zona de las prospecciones, confirmando el rechazo absoluto. Y también quedó patente la carencia absoluta de fundamentos de las justificaciones aportadas por las multinacionales petroleras.
Los peritos consideraron "genéricos", "incompletos", "y en muchos aspectos hasta erróneas", la justificaciones aportadas por los promotores petroleros para justificar una supuesta inocuidad de las prospecciones sobre el ecosistema de Canarias.
Las apreciaciones y conclusiones de los peritos sirvieron al Tribunal para poder comprender con detalle la singularidad y los valores del ecosistema marino canario desde todos los puntos de vista posibles: aves migratorias, cetáceos, fondos marinos, consecuencias negativas de sondeos sísmicos, así como el peligro que para el mismo representan los proyectos petrolíferos de las multinacionales Repsol, RWE y Woodside..
fuente : http://www.rtvaguacabra.com
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