Cuando la memoria estorba

 

                                                             

15/02/2026

Luis Seco de Lucena

Artículo de opinión

Hay decisiones políticas que, aun revestidas de legalidad, dejan un poso amargo en la conciencia de las personas decentes. La reciente excarcelación de presos de la banda terrorista ETA, producidas por el interés de algún partido político, pertenece a esa categoría de hechos que sucinta la pregunta: ¿todo lo que es legal es también digno?

ETA ya no existe. Nos dicen que se disolvió y cesó su actividad criminal. No mata. No extorsiona. No coloca bombas en supermercados ni dispara en la nuca a concejales valientes pero indefensos. Ese dato, en sí mismo, es una victoria del Estado de derecho. Pero el final operativo de la organización no equivale al lavado moral de su historia. Porque si los criminales ha dejado de matar, sus víctimas siguen paseando a nuestro lado. Algunas lo hacen con cicatrices más o menos visibles; otras, con ausencias irreparables. Y otras, sencillamente, ya no pueden pasear.

En este escenario, la liberación de terroristas –condenados por delitos de sangre- bajo el paraguas de acuerdos políticos resulta difícil de digerir. Se argumenta que la ley lo permite. Que los beneficios penitenciarios existen para todos. Todo ello es cierto. Pero cuando esas decisiones penitenciarias coinciden con la necesidad aritmética de sostener mayorías parlamentarias, la sospecha se impone: ¿se está aplicando justicia o se está gestionando conveniencia?

En política hay límites que no deberían diluirse en la lógica del cálculo. Pactar con el partido político heredero de aquella banda de asesinos dirigentes son terroristas condenados, es para muchas víctimas, una humillación añadida. Y en este caso no se trata de discrepancia ideológica. Se trata de una herida histórica que no cicatriza al ritmo de las necesidades partidistas.

Algunos de los actuales dirigentes de ese espacio político, fueron condenados por su pertenencia a esa banda terrorista. Cumplieron sus penas, es cierto. La ley establece que, una vez saldada la deuda con la justicia, recuperan sus derechos políticos. Pero que algo sea jurídicamente posible no lo convierte en honorable, La dignidad no se decreta en BOE; se construye con gestos, con autocrítica y con una condena inequívoca del pasado. Algo que no ha ocurrido con los asesinos recientemente beneficiados.

Resulta particularmente ofensivo escuchar, entre líneas, un relato que sugiere que debemos “agradecer” el final de la violencia, como la sociedad española hubiera sido indultada por sus verdugos. No, no se nos perdonó la vida. Fue el Estado de derecho el que derrotó a ETA, con policías, jueces y ciudadanos que resistieron la amenaza durante décadas. Convertir el abandono de las armas en un acto de generosidad por parte los asesinos distorsiona la verdad y trivializa el sufrimiento.

Olvidar a ETA es, en la práctica que pretender que olvidemos a las víctimas. Y una democracia madura no puede permitirse esa ignominia. La memoria no es venganza; es justicia simbólica. Es el recordatorio permanente de que hubo algunos hombres y mujeres asesinados por defender la libertad, la pluralidad y la legalidad.

El debate no debería centrarse en si las excarcelaciones cumplen o no con la normativa vigente. El debate profundo es otro: ¿Qué mensaje se envía cuando la estabilidad de un gobierno parece depender de quienes nunca han realizado una completa del terror? ¿Qué sienten las familias de los asesinados al ver que los responsables de su dolor se convierten en actores políticos decisivos?

La reconciliación automática exige verdad, reconocimiento y reparación. Sin esos pilares, cualquier gesto se percibe como transacción. Y la sangre derramada no puede convertirse en moneda de cambio.

España ha demostrado, a lo largo de la historia reciente, una enorme capacidad de resistencia frente al fanatismo. Derrotó a ETA sin renunciar a sus principios democráticos. Sería paradójico que, una vez silenciadas las armas, se debilitara la memoria por conveniencia política.

La credibilidad moral de una democracia no debería pasar por pedirle a la sociedad y mucho menos a las víctimas que comprendan lo incompresible.