Julio César González Padrón
Artículo de opinión
En los últimos días, hemos escuchado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, anunciando su intención de aprobar un Decreto-ley para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
La propuesta ha generado titulares, debates y no pocas dudas jurídicas. Y, aunque muchos compartimos la preocupación por la exposición temprana de los jóvenes al universo digital, conviene preguntarse si el camino elegido es el adecuado.
Porque una cosa es la necesidad —indiscutible— de proteger a los menores, y otra muy distinta es la herramienta legal escogida para hacerlo.
Quien conviva con adolescentes, o simplemente observe cómo se relacionan hoy los menores con la tecnología, sabe que las “redes sociales” se han convertido en un espacio sin filtros reales. Allí encuentran entretenimiento, sí, pero también contenidos que poco tienen que ver con la educación o el desarrollo saludable que a todos nos gustaría, para nuestros hijos.
No hablo de casos aislados; me refiero a la desinformación que se viraliza sin control; de retos peligrosos que ponen en riesgo la integridad física; , amén de una exposición de modelos de éxito basados en la apariencia o la exposición extrema.
Las redes sociales, tal y como están diseñadas hoy en día, no piensan en los menores. Y los menores, tal y como son, no están preparados para gestionar todo lo que allí ocurre. Y eso es algo que por muy “progre”, muy modelo “LOGSE” que me lo quieran pintar, no me lo pueden negar. Llámame “antiguo o facha”, pero para mi la educación sana de los jóvenes es fundamental, si queremos tener un futuro de hombre honestos y de recto proceder, que sean capaces de construir un mundo mejor; por eso, regular es imprescindible y mirar hacia otro lado, ya no es una opción.
Pero el problema radica en la espinosa cuestión, en que si un Decreto-ley puede sostener una regulación de este calibre y aquí es donde me surgen las dudas.
El Decreto-ley es una figura excepcional, reservada para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Además, no puede afectar a derechos fundamentales ni a materias que requieren una ley orgánica, y la regulación del acceso a las redes sociales toca de lleno aspectos como la libertad de expresión, la protección de datos o el derecho a la información.
A esto se suma el marco europeo, que ya establece “reglas claras” sobre privacidad, servicios digitales y edad mínima para el tratamiento de datos. España no puede legislar al margen de ese marco, por mucho que quiera Pedro Sánchez y menos aún, mediante un instrumento pensado solo para urgencias y no para reformas estructurales.
La intención puede ser buena, no digo lo contrario, pero el procedimiento corre el riesgo de ser frágil, impugnable y en última instancia, ineficaz.
Dicho lo anterior, lo que tengo meridianamente claro es que, si de verdad queremos proteger a los menores, no basta con un gesto político, ni con una medida rápida, hará falta una estrategia sólida, debatida y construida con consenso; una regulación que incluya:, tramitada con garantías; obligaciones claras para las plataformas, que hoy operan con demasiada libertad; sistemas de verificación de edad fiables, que no vulneren la privacidad y por ultimo y quizás lo mas importante y por lo tanto necesario, una educación previa digital en escuelas y familias, porque la tecnología no se combate solo con prohibiciones.
No amigo lector, no te confundas, no trató aquí de demonizar las redes sociales, sino de reconocer que su impacto en los menores es real y que la sociedad tiene la obligación de actuar.
Sin compartir muchas de las cosas que nos presenta casi a diario, Pedro Sánchez, reconozco que en esta ocasión estoy con él y que soy uno de tantos que piensa que las redes sociales necesitan ponerles límites; no para censurar, como diría uno de Podemos, para añadir que eso es fascismo, sino para proteger; tampoco para prohibir, sino para educar. Y, sobre todo, para evitar que los menores sigan expuestos a contenidos que puedan hacerles daño.
Pero también creo que las soluciones deben adoptarse con rigor, pues la protección de los menores merece algo más que un Decreto-ley apresurada y al uso.
Este tema es tan delicado merece un debate serio, una legislación sólida y un compromiso real de todos: instituciones, plataformas, familias y sociedad, escuelas.
Porque, si algo está claro, es que el mundo digital no va a esperar, los menores tampoco deberían seguir esperando a que los adultos hagamos lo que nos corresponde, porque como decimos en mi pueblo… “A conejo huido, palos a la madriguera” y en esta ocasión no podemos como sociedad responsable y adulta llegar tarde.
¡Qué cosas!
Fdo. Julio César González Padrón
Marino Mercante y escritor
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