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Artículo de opinión
Hay trucos viejos que nunca pasan de mod. El trile, por ejemplo. Basta una mesa improvisada, tres cubiletes y una bolita para que el espectador crea que participa en un juego limpio cuando en realidad, todo está decidido de antemano. En política pasa algo parecido cuando se utiliza a un colectivo vulnerable como señuelo mientras la mano hábil ejecuta el verdadero movimiento en otra parte. En este caso, la bolita tiene nombre y apellidos: los pensionistas.
La revalorización de las pensiones es, sin duda, una medida necesaria y justa. Nadie con un mínimo de sentido social puede discutir que millones de personas que han sostenido a este país durante décadas merecen que su pensión no pierda poder adquisitivo. Precisamente por eso resulta tan reprochable la estrategia del gobierno: convertir ese derecho en moneda de cambio, en palanca de presión, en excusa para “colar” asuntos de lo más dispar bajo un mismo paquete legislativo.
El procedimiento es tan simple como tramposo. Se presenta un decreto “ómnibus” en el que, junto a la subida de las pensiones, aparecen reformas, concesiones o medidas que poco tiene que ver entre ellas.
Después se lanza el mensaje: o se aprueba todo o se perjudica a los pensionistas. El chantaje está servido no a los ciudadanos, que están acostumbrados a estos juegos, sino a los grupos parlamentarios, forzados a elegir entre tragar con medidas discutibles o cargar con el estigma de votar contra los mayores.
Si al gobierno le importara de verdad la revalorización de las pensiones no las utilizaría como escudo ni como rehén. Las llevaría al Parlamento limpias, claras sin aditivos ideológicos, ni intereses cruzados. Las defendería por sí mismas, con la seguridad de que una causa justa n o necesita trampas para salir adelante. Pero eso significaría renunciar al control del relato, a la presión emocional y al cálculo partidista. Exigiría jugar sin hacer trampas.
El resultado de esta práctica es corrosivo. No solo se degrada el debate parlamentario, convertido en una subasta moral, sino que se instrumentaliza a un colectivo que debería quedar fuera de cualquier mercado político. Los pensionistas pasan de ser ciudadanos a convertirse en la bolita del trilero: siempre visibles, siempre invocados pero nunca realmente respetados.
Además, este uso interesado genera desconfianza. Cada vez que se anuncia una medida social, muchos ya no se preguntan si en justa, sino que viene escondido debajo.
LA política pierde transparencia y credibilidad, y la democracia se llena de reproches. Cuando todo se mezcla, nada se honra.
Gobernar implica tomar decisiones, explicar prioridades y asumir los costes políticos. La revalorización de las pensiones merece un debate limpio, directo y digno. Todo lo demás es trile. Y, como todo juego amañado, siempre hay alguien que acaba perdiendo.

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