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| Julio González Padrón |
Opinión
Por Julio C. González Padrón
El 18 de enero de 2016, a una delegación institucional del Cabildo de Gran Canaria, encabezada por su presidente, don Antonio Morales, el consejero por de Cooperación Internacional, don Carmelo Ramírez y otras personas, le fueron impedido por las autoridades marroquíes el desembarco en el aeropuerto de Dajla (antiguo Villa Cisneros)
El grupo viajaba con un objetivo claro: “conocer de primera mano la situación de los refugiados saharauis y reforzar los lazos de cooperación humanitaria con los campamentos de Tinduf y con organizaciones saharauis en los territorios ocupados”.
El incidente, que en cualquier otro contexto habría generado un debate político y mediático de primer orden, pasó vergonzosamente desapercibido en la prensa nacional.
La ausencia de cobertura en RTVE, que algunos interpretaron como una forma de censura desde el gobierno o autocensura, alimentó la sensación de que el Gobierno de España socialista que preside Pedro Sánchez, donde se ocluye la plataforma de Yolanda Diaz, Sumar prefirieron una vez más no incomodar a Marruecos; incluso a costa de silenciar un acto que muchos calificaron de atropello diplomático.
El Sáhara Occidental, le guste o no “al rey moro Mohamed VI”, sigue siendo según Naciones Unidas, un territorio no autónomo pendiente de descolonización y España potencia administradora de “iure,” nunca culminó el vergonzoso proceso de descolonización de los Acuerdos de Madrid de 1975, los cuales, por cierto, continúan careciendo de reconocimiento internacional, como mecanismo válido de transferencia de soberanía.
Pero la realidad es que Marruecos ejerce un control “de facto” sobre la mayor parte del territorio, amparándose en un “imperium” que no reconoce la legalidad internacional; para Rabat, cualquier presencia institucional extranjera que no esté alineada con su narrativa oficial constituye una amenaza política.
En este marco, la visita de una delegación canaria, históricamente muy vinculada a la “causa del pueblo saharaui”, era vista por Marruecos como un gesto incómodo.
La delegación canaria aterrizó en Dajla (antiguo Villa Cisnero), con autorización previa para su viaje humanitario; Sin embargo, al llegar al aeropuerto en un avión español de la compañía canaria Binter, los agentes pertenecientes a la policía de frontera marroquí, se personaron en la misma escalera del avión e impidieron el desembarco de éstos. No se ofreció ninguna explicación oficial y se ordenó que el avión despegara de inmediato y sin permitir contacto con organizaciones saharauis.
De esta manera la delegación fue devuelta a Gran Canaria en el mismo vuelo.
El gesto fue interpretado como una demostración de fuerza por parte de Marruecos, destinada a reafirmar su control sobre el territorio ocupado del Sahara y a disuadir cualquier intento de observación internacional independiente.
Pero lo verdaderamente triste en lo ocurrido, fue la respuesta del Gobierno central que preside Pedro Sánchez, que no pasó en el mejor de los casos, de tibia o por el brillo por su ausencia; ni siquiera una convocatoria del embajador marroquí, para exigirle unas explicaciones claras
El Ministerio de Asuntos Exteriores José Manuel Albares se limitó a “seguir el asunto por los cauces diplomáticos”, una fórmula habitual cuando se pretende evitar un conflicto político con Rabat.
¿Pero por qué este silencio?
Existen varios factores estructurales como podrían ser, esas supuestas escuchas que el servicio de espionaje marroquí le grabó de su móvil personal a Pedro Sánchez con el sistema de “Pegasus” del móvil personal a Pedro Sánchez, al que amenazaron con hacerlas públicas; otra razón será la dependencia estratégica de Marruecos en cuestiones claves como, el control emigratorio, la supuesta colaboración antiterrorista, la pesca que “nos bailaron” por la cara hace unos años, y la estabilidad en Canarias a quienes no dejan de chantajearnos con propiciar una invasión incontrolada de pateras ,con toda su morralla dentro, tipo Marcha Verde de 1975; cualquier tensión diplomática puede tener consecuencias inmediatas, como se ha visto en otras crisis bilaterales. (Frontera de Ceuta de mayo del 2021)
Hay que reconocer que el “cobarde” o los cobardes, no solo solo el gobierno socialista de Pedro Sánchez y Sumar, pues desde 1975, los gobiernos españoles —de todos los signos— han mantenido una postura ambigua, evitando asumir responsabilidades como potencia administradora. El que más lejos llegó fue el del PP de Aznar actuado “ipso facto” tras la toma de la Isla de Perejil por parte del ejército marroquí, que en menos de 48 horas tuvieron que salir “por patas” y con su bandera bajo el brazo.
Ahora bien; el Sáhara es un tema sensible en España y especialmente en Canarias por su cercanía geográfica; un incidente como éste podría haber reavivado un debate que, muchos gobiernos prefieren mantener en segundo plano.
A pesar de ello, no es admisible lo pinten como lo pinten, la casi total ausencia de cobertura en los grandes medios de comunicación nacionales, y especialmente en RTVE, que generó sospechas de censura indirecta. No necesariamente una orden explícita, sino un fenómeno frecuente en asuntos sensibles de política exterior, utilizado como refugio de cobardes y que denominan: “autocensura editorial para evitar conflictos con el Gobierno o con Marruecos” ¡No me jodas con el nombrecito!
Mientras tanto, la noticia sí circuló en: medios canarios, prensa saharaui, en organizaciones de derechos humanos y en redes sociales.
El contraste entre la repercusión local y el silencio nacional fue evidente y para muchos observadores, lo ocurrido fue una violación del derecho de libre circulación de representantes públicos españoles; un acto de hostilidad diplomática; una intimidación hacia quienes apoyan la causa saharaui, y una muestra más de humillación a España por parte del gobierno de Marruecos para condicionar la agenda española.
La delegación canaria denunció públicamente el hecho y lo calificó de “inadmisible”. Sin embargo, sin respaldo firme del Gobierno central de Pedro Sánchez, el incidente quedó relegado a un episodio más en la larga lista de tensiones no resueltas entre España, Marruecos y el Sáhara Occidental.
Como conclusión final se me ocurre pensar qué, el inaceptable bloqueo de la delegación canaria en Dajla, no fue un hecho aislado, sino un reflejo de la fragilidad de la política exterior española respecto al Sáhara, de la influencia creciente de Marruecos, y de la falta de transparencia mediática en asuntos sensibles.
Para quienes defienden los derechos del pueblo saharaui, el episodio simboliza la renuncia de facto de España a asumir su responsabilidad histórica y la normalización de un trato diplomático desigual.
Mientras el conflicto siga sin resolverse y España continúe evitando posicionarse con claridad poniendo lo que hay que poner sobre la mesa, episodios recientes como el de enero de 2016, seguirán siendo posibles… Y probablemente continuarán siendo silenciados.
Yo no dejo de preguntarme… ¿Que hubiese sucedido, si en vez de una delegación canaria, se hubiese tratado de una catalana o vasca?
Ahí me gustaría verte Pedrito Sánchez y Yolanda Diaz, Juana de Arcos española.
Claro que, como decimos en mi pueblo… “Para una cabra partida, casi prefiero a un macho jorobado” ¡Qué cosas!
Fdo. Julio C. González Padrón
Maúro de Telde, Marino Mercante y Escritor
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