Cuando lo público deja de ser orgullo

Escritor y analista político

 Artículo de opinión

Durante décadas, España ha construido un relato cómodo: el de ser un país con “la mejor sanidad pública del mundo” y “la red de alta velocidad más moderna de Europa”. Es una frase que se repite como un mantra institucional, como si el eco de su repetición bastara para mantenerla viva. Pero la realidad, cada vez más, se parece poco a ese eslogan.

Porque mientras presumimos, los servicios públicos se resquebrajan. No de golpe, sino por desgaste. Por abandono silencioso. Por una decadencia que no siempre hace ruido, pero que se siente en las salas de espera, en los andenes, en los hogares donde la confianza en el Estado se ha convertido en una forma de resignación.

La sanidad pública española fue, durante años, uno de los grandes consensos sociales. Hoy sigue siéndolo en teoría, pero en la práctica se ha transformado en un sistema tensionado hasta el límite.

Listas de espera que se miden en meses, consultas canceladas sin explicación, centros de salud saturados, profesionales exhaustos y pacientes que ya no saben si acudir a urgencias por miedo a “molestar”. La atención primaria, columna vertebral del sistema, sobrevive con respiración asistida. No por falta de vocación, sino por una planificación política incapaz de anticipar el colapso.

Se repite que no hay recursos suficientes. Sin embargo, el Estado nunca ha recaudado tanto como ahora. Entonces, ¿por qué el ciudadano percibe menos servicio, menos eficacia y menos humanidad?

Algo parecido ocurre con el transporte ferroviario. España presume de kilómetros de alta velocidad, de estaciones futuristas y de trenes que conectan ciudades en tiempos récord. Pero basta con hablar con los usuarios para comprobar que el relato oficial no siempre coincide con la experiencia real.

Retrasos encadenados, averías técnicas, sistemas de información inoperantes, viajeros atrapados durante horas sin explicaciones claras. Los recientes episodios de colapsos ferroviarios no son una excepción: son la consecuencia de una infraestructura que envejece sin el mantenimiento adecuado y de una gestión más centrada en la propaganda que en la fiabilidad.

No se trata solo de trenes que no llegan a tiempo. Se trata de trabajadores desbordados, de usuarios tratados como cifras, de una sensación generalizada de que el sistema funciona… hasta que ocurre la tragedia.

Aquí surge la paradoja más incómoda: mientras los servicios públicos se degradan, la recaudación fiscal alcanza cifras récord. Nunca se ha pagado tanto en impuestos, cotizaciones y tasas. Y sin embargo, el ciudadano no percibe una mejora proporcional en aquello que, en teoría, debería ser el destino natural de ese esfuerzo colectivo.

¿Dónde va ese dinero? ¿Por qué el Estado crece, pero los servicios se encogen? ¿Por qué se multiplican las estructuras administrativas mientras se vacían los centros de salud y se deterioran las infraestructuras esenciales?

La falta de transparencia alimenta la sospecha. Y la sospecha, cuando se prolonga, acaba convirtiéndose en desafección.

El riesgo es evidente: cuando lo público deja de funcionar, el ciudadano no se siente protegido, sino atrapado. Sin alternativas reales, obligado a aceptar un servicio que ya no responde a sus necesidades, pero al que sigue financiando con un esfuerzo cada vez mayor.

No se trata de nostalgia ni de catastrofismo. Se trata de exigir coherencia. De recordar que los servicios públicos no son un eslogan, sino un contrato moral entre el Estado y la sociedad.

Porque cuando la sanidad se retrasa, cuando el tren no llega, cuando la administración no responde, no falla un sistema: falla una promesa. Y un país que incumple sus promesas más básicas empieza, sin darse cuenta, a perder algo más que eficiencia: empieza a perder confianza y a autodestruirse.