Con los últimos informes de distintas entidades sobre la mesa, cabe afirmar que en Canarias la recuperación económica se ha estabilizado y, en consecuencia, que se dan las condiciones –confianza y estabilidad- para que los empresarios creen más empleo. Y en esa dirección bueno será que, siguiendo el ejemplo del Gobierno de Canarias, tanto el resto de las administraciones como el mundo empresarial generen puestos de trabajo preferentemente para la gente que vive en las Islas.
Esos informes, entre los que se incluyen los elaborados por Hispalink u otros como el de la CEOE, nos dicen que la evolución positiva de la economía canaria no es un hecho puntual o circunstancial sino que tiene que ver con una curva ascendente que se inició hace bastantes meses. Con dichos informes sobre la mesa se puede afirmar que la recuperación de la economía canaria es ya sostenible, y en consecuencia que se da la estabilidad necesaria para que los empresarios inviertan con confianza y, partiendo de esa estabilidad y confianza, que entiendan que se dan las condiciones para crear más y mejor empleo.
Ahora que los informes apuntan en esa dirección y que la confianza empresarial recobra el pulso perdido es el momento de intensificar las acciones para que ese crecimiento se traduzca en una creación de empleo importante. Tanto desde la iniciativa privada como desde la administración pública deben hacerse todos los esfuerzos para combatir el desempleo y devolver al mercado de trabajo a todos aquellos activos que la crisis apartó.
El Gobierno de Canarias, en la medida de sus responsabilidades –que tienen que ver con la creación de las condiciones adecuadas para la promoción del empleo- seguirá impulsando medidas en ese sentido. Por ejemplo, hemos vuelto a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2015 la obligatoriedad de contratar a parados canarios por parte de aquellas empresas que resulten adjudicatarias de obras públicas.
Así, los pliegos de cláusulas administrativas de las licitaciones públicas recogerán que, en caso de que la actividad exija la contratación de personal, las empresas habrán de recurrir alServicio Canario de Empleo.
Se deberán contratar demandantes de empleo con al menos seis meses de antigüedad y la empresa adjudicataria solo podrá contratar trabajadores no residentes cuando se demuestre que la oferta no ha sido cubierta.
Esta medida, que venimos aplicando desde hace varios años, certifica el compromiso del Gobierno de Canarias para promover el empleo entre los residentes. Lejos han quedado yalas críticas furibundas que levantó esa medida y apagadas las voces que hablaban de discriminación o de atentados a la legislación comunitaria. No ha habido ni denuncias, ni informes, ni investigaciones comunitarias sobre un programa que lo que pretendía –y pretende- es primar la contratación de trabajadores canarios en Canarias; y no los ha habido porque la decisión cumple escrupulosamente la normativa y, además, sigue fielmente las recomendaciones de la propia Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas.
Así, un párrafo de la Comunicación de la Comisión Europea ‘Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador’, de fecha 20 de junio de 2012, recoge el modo en que la Comisión quiere trabajar con las RUP para alcanzar un crecimiento efectivamente inteligente, sostenible e integrador. Esa comunicación señala textualmente que
Las normas sobre contratación pública, basadas en licitaciones justas y abiertas, constituyen uno de los pilares del mercado único. La Comisión estudiará la posibilidad de tener en cuenta la dimensión ultraperiférica en la fase de puesta en práctica de sus propuestas de reforma de las normas sobre contratación pública de la UE una vez adoptadas. A fin de determinar si los contratos públicos que no están sujetos a las normas de contratación pública de la UE o lo están solo parcialmente han de cumplir las normas y principios del Tratado de la UE, la dimensión ultraperiférica ya es en cierta medida pertinente. No obstante, convendría aclarar en mayor medida la situación actual. Los órganos de contratación de las regiones ultraperiféricas pueden exigir a las empresas a las que se concede un contrato público que contraten mano de obra local, siempre y cuando no exista discriminación directa ni indirecta en relación con la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y se eviten los conflictos de intereses”.
Esa Comunicación, junto al propio artículo 349 del Tratado de la Unión Europea –que consagra la modulación de las políticas comunitarias para las regiones ultraperiféricas-, constituye el paraguas normativo de una decisión irreprochable desde todos los puntos de vista.
No se puede criticar al Gobierno de Canarias por adoptar medidas para promover el empleo en su ámbito territorial y competencial. En esa dirección, la frase que he repetido muchas veces durante los últimos años, el trabajo, primero para la gente de aquí, sigue plenamente vigente.
http://paulinorivero.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario