El presidente de Canarias,Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que acelerará los trámites para celebrar la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas que el Gobierno central ha autorizado aRepsol cerca de la costa de Fuerteventura y Lanzarote.
Rivero compareció ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para tratar la autorización, la semana pasada, del Ministerio de Industria para una actividad de "alto riesgo", que el presidente del archipiélago consideró "incompatible con la actividad turística".
El presidente autonómico calificó como un "desprecio" que el Ejecutivo central no tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos canarios y por eso insistió en que adelantará todos los procesos administrativos para celebrar lo antes posible la consulta sobre las prospecciones.
El Ejecutivo canario quiere celebrar la consulta basándose en la ley de participación ciudadana, que recoge en su artículo 20 que "el Gobierno podrá, a instancias de su presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana".
UN BRINDIS AL SOL DE PAULINO RIVERO
En el plano jurídico, Rivero reiteró que el Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que dio vía libre a las prospecciones y presentará un recurso de alzada contra la autorización de Industria, previo a una posterior vía judicial en la que se reclamará la suspensión cautelar de los sondeos, informa Efe.
No existe, sin embargo, ningún indicio que permita augurar que la vía legal emprendida por el Ejecutivo regional pueda servir para detener el proyecto extractivo de la petrolera. Coincidiendo con el fallo del Tribunal Supremo favorable a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas al Archipiélago, el Tribunal Constitucional, al que ahora recurrirá al Gabinete autonómico admitía el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo Rajoycontra la Ley de Cantabria que prohibía la peligrosa técnica del fracking - o fractura hidráulica - para la investigación y extracción de gas no convencional. De esta forma, el alto tribunal daba luz verde en el Estado español a una actividad que puede provocar la contaminación de los acuíferos, genera alrededor de 260 sustancias tóxicas, cancerígenas o mutagénicas y un incremento de la sismicidad en los periodos en que se ejecuta la fracturación hidráulica.
Una sentencia favorable a los intereses de las grandes empresas gasíferas que no permite albergar esperanzas en torno a la respuesta que el Constitucional pueda ofrecer a las reclamaciones contra el proyecto de Repsol efectuadas por la Administración canaria.
Pero si el recurso a los tribunales se antoja, a la luz de los hechos, como una opción sin visos de utilidad real, las expectativas que -según sus declaraciones - ha depositado Paulino Rivero en la reunión que en el mes de septiembre mantendrá con el nuevo monarca de España y con el presidente del Gobierno central podrían calificarse sencillamente como descabelladas.
Y es que -según Rivero, que parece empeñado en apuntar como único responsable de la imposición del proyecto petrolero al ministro de Industria José Manuel Soria - Mariano Rajoy"podría estar confundido sobre la situación y no ser consciente de que está provocando el "divorcio" de una parte importante de la sociedad canaria y de sus instituciones con el Gobierno de España".
Por Ernesto Gutiérrez
http://canarias-semanal.org/
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