La justicia española, tan lenta en la investigación y los procedimientos judiciales contra los corruptos pertenecientes a las clases dirigentes, condenó a pagar una multa de €600 a un bombero gallego por negarse a participar en un desahucio. No obstante, la sanción indica que ha sido condenado por “provocación de reacciones en el público que alteran o pueden alterar la seguridad ciudadana”.
La verdad es, sin embargo, es que el bombero en cuestión se negó a prestar su colaboración a la comisión judicial en el desahucio que esta pretendía realizar de una vivienda perteneciente a una anciana.
“Volvería a hacerlo. Los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios; accedimos al trabajo para hacer unas labores determinadas, pero entre ellas no está echar a gente de sus casas”, manifesó el bombero a los medios de prensa despues de que celebrara la en la vista de su caso .Roberto Rivas acusa a la policía de haber modificado los atestados policiales para variar el relato de lo que sucedió en aquel intento de desahucio
Como es frecuente que suceda en estos casos, los jueces dán por hecho que “en el ejercicio del derecho de expresión se produjo una alteración del orden público con el riesgo para las personas, lo que excluye pretender amparar estos hechos en el derecho de manifestación invocado”.
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