
Las entregas a cuenta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha destinado a las Islas este año ascienden a 3.611,83 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto inicial para cubrir los servicios esenciales –sanidad, educación y políticas sociales– en el Archipiélago es de 4.340 millones de euros. Es decir, las Islas arrancan el ejercicio con un déficit de más de 700 millones de euros entre lo que percibe por el actual sistema de financiación autonómica y el coste real de los servicios más básicos que se prestan a los ciudadanos.
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias debe cubrir ese desfase entre ingresos y gastos con recursos propios de la comunidad autónoma. Los datos deben tomarse con toda la prudencia porque hasta dentro de más de dos años no se conocerá la liquidación definitiva. Es decir, hasta mediados de 2016 no se sabrá si el Estado aporta algo más de esos 4.340 millones o, por el contrario, es el Archipiélago el que tiene que devolver parte de esa cantidad transferida de las arcas estatales.
Las cantidades que llegaron en 2012 y 2013 fueron de 3.661 y 3.689 millones de euros, respectivamente. Fluctúan en una banda que no se aparta de los 3.600 millones mientas que el coste de la sanidad, educación y las políticas sociales se mantiene prácticamente invariable. Sirva el dato de que en 2014 llegaron 49,54 menos que en 2012. Es decir, el modelo de financiación no augura un futuro mejor.
El Gobierno de Canarias calcula que las Islas pierden cada año 600 millones de euros con respecto a la cantidad media que recibe el conjunto de las comunidades autónomas españolas. "Sistemáticamente hemos sido perjudicados", señaló ayer el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Fernando Clavijo.
La reivindicación del Archipiélago al respecto es continua desde que hace dos años se conoció el resultado de la primera liquidación practicada con el actual sistema de financiación. El retorno a la senda de la normalización de las relaciones entre los ejecutivos canario y central hace concebir esperanzas en que la futura negociación de un nuevo modelo de financiación –ya anunciada por Madrid– arroje un mejor resultado para Canarias.
La intención de los grupos políticos que integran el Gobierno autónomo –CC y PSC– es que ese y otros cambios que garanticen a l as Islas estar al menos en la media de las transferencias monetarias que Madrid envía a las regiones quede consagrado mediante la reforma del Estatuto de Autonomía. "Es triste que el cumplimiento de un derecho que tienen los canarios dependa de la voluntad política", explicó Clavijo ante la situación actual.
De hecho, sendas sentencias del Tribunal Constitucional someten a la disponibilidad presupuestaria el respeto al REF. Ejemplo de ello es el incumplimiento sistemático del artículo que obliga al Gobierno central a transferir a las Islas al menos la cantidad media que invierte en el conjunto de las autonomías
fuente : http://www.laopinion.es/

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