Por Eugenio Fernández
La iniciativa, promovida por el Gobierno de Canarias y aprobada con 38 votos contra 21, fue defendida ante el pleno por su presidente, Paulino Rivero, y apoyada por los grupos nacionalista y socialista, que respaldan al ejecutivo, así como por el grupo mixto.
Los mismo términos en los que Rivero ha planteado la consulta, sin embargo, parecen indicar que se trata de una propuesta abocada al fracaso. Y es que, según se encargó de dejar claro el propio presidente regional al hacer pública su intención de promover un referéndum sobre el proyecto petrolero, éste solo se llevaría a cabo con el permiso del Gobierno central. Una posibilidad que el Ejecutivo ultraconservador de Mariano Rajoy se ha encargado de negar tajantemente.
"El referéndum no se va a consentir, porque sería inconstitucional, al tratar sobre un asunto ajeno a las competencias autonómicas" - advirtió el diputado derechista del parlamento autonómico.
El esfuerzo realizado por el Ejecutivo canario para supeditar la consulta a los márgenes de una Constitución ideada para impedir cualquier proceso de verdadera participación popular, en efecto, permiten pronosticar que el proyecto institucional tendrá un escaso recorrido.
"El artículo 92 de la Constitución establece muy claramente que las cuestiones de trascendencia se pueden someter a referéndum consultivo de todos los españoles, y por lo tanto no se regulan en la Constitución referendos autonómicos, sino nacionales" - manifestaba a este respecto hace escasas fechas el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
¿EXISTE UN "PLAN B" ANTE LA ANUNCIADA NEGATIVA DEL GOBIERNO CENTRAL?
Ante una sucesión de acontecimientos que no resulta difícil prever, petición oficial al Gobierno central y negativa tajante de éste a permitir el referéndum, cabe preguntarse si algunas de las palabras pronunciada por el derechista Pérez Camacho en el Parlamento regional no contienen algo de verdad.
"El caprichito consultivo del presidente persigue desviar la atención sobre la nefasta gestión de su Gobierno, a Rivero le importan un higo las prospecciones" - manifestó el diputado con su habitual tono soez.
Paulino Rivero, por su parte, aseguró que el Gobierno de Canarias "va a utilizar todos los medios jurídicos, políticos y sociales a su alcance para impedir que se hipoteque el futuro del archipiélago".
Pero, más allá de las meras declaraciones de intenciones, el Ejecutivo regional se encuentra ahora ante la tesitura de demostrar si su iniciativa persigue, realmente, que la población del Archipiélago se pueda pronunciar sobre un asunto de semejante gravedad o si, como sugieren sus ex socios del Partido Popular, estamos presenciando una mera operación de marketing político.
Tal demostración exigiría al Gobierno autónomo impulsar una verdadera campaña de concienciación y movilización para arrancar con la lucha popular un derecho a decidir que jamás fue concedido graciosamente por los poderosos a ningún pueblo. opción que se antoja algo más que improbable en un Ejecutivo que representa los intereses de una burguesía autóctona que ya ha manifestado su intención de beneficiarse de las migajas del negocio deRepsol.
Para que la publicitada iniciativa pudiera valorarse con un mínimo de seriedad, no obstante, Rivero tiene también la oportunidad de imitar a sus homólogos catalanes, dejando de supeditar la consulta a una autorización de Madrid que, de sobras, sabe que jamás se le concederá.
FUENTE : http://canarias-semanal.org/
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