En la mañana de este lunes, el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero,comparecía junto a los miembros de su Gobierno para anunciar su intención de promover un referéndum entre los ciudadanos que residen en el Archipiélago sobre el proyecto de Repsolpara expoliar las reservas de hidrocarburos que pueden albergar las aguas canarias.
"¿Está usted de acuerdo con las prospecciones petrolíferas autorizadas a la multinacional Repsol frente a la costa de nuestras islas?", sería la pregunta de esta consulta popular en el caso de que, finalmente, llegue a producirse. Y es que, tanto el planteamiento realizado por Rivero como las primeras reacciones del Gobierno central del PP apuntan en sentido contrario.
Durante la presentación de su propuesta, Paulino Rivero realizó ímprobos esfuerzos para defender el supuesto encaje del referéndum en la legalidad vigente del Estado español. Según el presidente regional, éste estaría amparado "en el artículo 92 de la Constitución, en el 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en el 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias".
Rivero, además, quiso dejar meridianamente clara su intención de pedir autorización alConsejo de Ministros para llevar a cabo la consulta, si la iniciativa fuera previamente aprobada en el Parlamento de Canarias.
El político "nacionalista" también quiso marcar distancias con la consulta soberanista planteada en Cataluña, asegurando que ambas no tienen nada que ver. En este sentido,Paulino Rivero insistió en que su petición "es respetuosa con el marco constitucional y no quiebra la lealtad institucional de Canarias con el Estado".
Sin embargo, todos estos esfuerzos por mantenerse dentro de los márgenes de una Constitución ideada para impedir cualquier proceso de verdadera participación popular parecen haber resultado insuficientes.
Pocas horas después de la alocución pública del presidente de Canarias llegaba la primera respuesta desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se agarraba precisamente a la Constitución para recordar a Rivero que ésta "solo contempla referéndums estatales y no autonómicos".
En los pasillos del Congreso de los Diputados, y en declaraciones a los medios, Cañeteseñaló que el artículo 92 "establece muy claramente" que las cuestiones de trascendencia se pueden someter a referéndum consultivo de "todos los españoles", y "por lo tanto no se regulan en la Constitución referendos autonómicos, sino nacionales".
La respuesta del Gabinete de Mariano Rajoy a Rivero, pues, no ha sido diferente a la dictatorial negativa que ya diera a la intención de los catalanes de decidir si desean alcanzar la independencia del Estado español.
A la espera de que esta primera reacción sea confirmada, se apuntan dos posibles caminos para los promotores de la consulta sobre las contestadas prospecciones de la multinacional Repsol. El primero, y todas luces más probable, iniciar un interminable litigio burocrático que, a la postre, será concluido por la vía del ordeno y mando desde el Gobierno central. El segundo, consistiría en realizar una verdadera campaña de concienciación y movilización para arrancar con la lucha popular un derecho a decidir que jamás fue concedido graciosamente por los poderosos a ningún pueblo. Esta última opción, no obstante, no se antoja al alcance de un gobierno que, a la postre, debe limitar sus actuaciones a los intereses de sus representados. Una burguesía autóctona que se ha mostrado históricamente incapaz de romper con las relaciones de subordinación que la atan a Madrid y cuyos representantes ya han manifestado su intención de recoger la migajas del proyecto de Repsol, sin que las terribles consecuencias que éste pueda tener para el Archipiélago y la mayoría de su población les preocupen lo más mínimo. Y es que, al fin y al cabo, business is business.
fuente : http://canarias-semanal.org/
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